Fraude del CEO: el Tribunal Supremo pregunta a Europa cuándo deben los bancos devolver el dinero de transferencias fraudulentas
El Tribunal Supremo español ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una serie de cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad de los bancos ante el denominado fraude del CEO, una modalidad de estafa empresarial en la que los delincuentes suplantan la identidad de un directivo para ordenar transferencias de dinero. El procedimiento se origina en el caso de Unísono, una empresa que sufrió pérdidas millonarias tras recibir instrucciones bancarias aparentemente emitidas por su máxima responsable.
La decisión, conocida el 13 de noviembre de 2026 a través de una investigación publicada por elDiario.es, puede resultar relevante para determinar cómo debe interpretarse la normativa europea cuando una entidad bancaria ejecuta transferencias derivadas de órdenes que contienen identidades o firmas falsificadas.
El Tribunal Supremo ha planteado hasta siete preguntas al TJUE, según la información periodística, para aclarar cómo deben entenderse la autorización, la autenticación y las obligaciones de reembolso en este tipo de operaciones.
La importancia de estas cuestiones trasciende el fraude empresarial.
Desde Victifin consideramos fundamental distinguir cuándo una operación bancaria ha sido realmente autorizada, qué obligaciones de seguridad corresponden al banco y en qué circunstancias pueden exigirse responsabilidades por el perjuicio económico sufrido.
La presentación de la cuestión prejudicial no significa que el TJUE haya ordenado devolver el dinero a Unísono. Su pronunciamiento sobre este asunto está pendiente.
¿Qué es el fraude del CEO?
El fraude del CEO, conocido internacionalmente como CEO fraud o una modalidad de Business Email Compromise (BEC), consiste en suplantar la identidad de una persona con autoridad dentro de una empresa para conseguir que un empleado realice operaciones económicas.
Los delincuentes pueden enviar correos electrónicos aparentemente firmados por el director general, el consejero delegado o un responsable financiero.
El mensaje suele presentar una operación urgente y confidencial.
En determinadas ocasiones, el supuesto directivo explica que necesita completar una adquisición empresarial, efectuar un pago internacional o resolver una operación comercial importante.
La finalidad es que el trabajador ejecute la transferencia sin realizar las comprobaciones habituales.
Cómo funciona esta modalidad de estafa
El procedimiento puede desarrollarse mediante las siguientes fases:
- Los delincuentes investigan la estructura y los responsables de una empresa.
- Preparan comunicaciones que aparentan proceder de una persona con autoridad.
- Solicitan una operación económica urgente.
- Utilizan la confidencialidad o la presión temporal para evitar comprobaciones.
- El empleado transmite o ejecuta las instrucciones de pago.
- El dinero se envía a cuentas controladas por terceros.
- Los fondos pueden trasladarse rápidamente a otros destinatarios o jurisdicciones.
El fraude puede incluir correos falsificados, cuentas comprometidas, documentación manipulada y firmas reproducidas.
La apariencia de una orden legítima no demuestra que el verdadero titular de la facultad de disposición haya consentido la transferencia.
Esta cuestión está en el centro del procedimiento remitido al TJUE.
El caso Unísono: transferencias millonarias a cuentas de China y Hong Kong
Los hechos se remontan a enero de 2018.
Según la información publicada por elDiario.es, una empleada del grupo Unísono comenzó a recibir correos electrónicos que aparentaban proceder de la máxima responsable de la empresa.
Los mensajes ordenaban realizar transferencias urgentes a bancos asiáticos.
Los supuestos motivos estaban relacionados con operaciones empresariales, incluida una presunta adquisición en China.
Las comunicaciones exigían confidencialidad e incorporaban una firma atribuida a la directiva.
Sin embargo, las instrucciones no procedían realmente de ella.
Las operaciones bancarias investigadas
| Entidad | Cantidad aproximada | Destino señalado |
|---|---|---|
| Bankia | Más de 1,6 millones de euros | Cuentas en China |
| BBVA | Más de 300.000 euros | Empresa en Hong Kong |
En conjunto, el perjuicio fue millonario.
Las transferencias se realizaron después de que trabajadores de las sucursales contactaran telefónicamente con la empleada que había recibido las instrucciones.
Este elemento es relevante porque el procedimiento aparentemente incluyó ciertas comprobaciones.
La cuestión es si esas comprobaciones eran suficientes para considerar autorizadas las operaciones.
¿Cómo se descubrió la estafa?
Según la información periodística, las sospechas surgieron en Bankia cuando el director de una sucursal decidió contactar directamente con la máxima responsable de Unísono.
Al preguntarle por las transferencias, la directiva explicó que no había autorizado esas operaciones.
La empresa acudió posteriormente a los tribunales para reclamar los fondos.
Bankia y BBVA: dos respuestas judiciales distintas ante el mismo fraude
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que dos secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid adoptaron decisiones diferentes.
Bankia: la reclamación fue rechazada
En el procedimiento relacionado con Bankia, los tribunales consideraron que la actuación negligente de la empresa perjudicada impedía atribuir al banco la responsabilidad reclamada.
La controversia llegó al Tribunal Supremo.
BBVA: condena a reintegrar más de 300.000 euros
En el procedimiento relacionado con BBVA, la Audiencia Provincial de Madrid sí condenó a la entidad a devolver el importe correspondiente.
Según la información publicada, el tribunal destacó que la firma de la directiva presentaba una falsificación evidente y que el banco no había realizado las comprobaciones necesarias.
También consideró relevante que el procedimiento utilizado para tramitar la transferencia no fuera el habitual.
¿Por qué importa esta diferencia?
Porque muestra que la valoración de las obligaciones bancarias puede depender de circunstancias concretas:
- Qué procedimiento de autorización estaba pactado.
- Quién tenía facultades para disponer del dinero.
- Qué comprobaciones realizó la entidad.
- Si la firma o documentación presentaba anomalías.
- Qué instrucciones recibió el banco.
- Cómo se produjo la intervención del trabajador engañado.
El hecho de que un empleado transmitiera una orden no resuelve automáticamente si la operación estaba jurídicamente autorizada por el titular de la cuenta.
Las siete preguntas que el Supremo plantea al TJUE
Según elDiario.es, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha formulado siete cuestiones relacionadas con la interpretación de la normativa europea de servicios de pago.
La investigación periodística permite identificar dos grandes interrogantes.
Primera cuestión: ¿qué significa que una transferencia esté autorizada?
El Supremo solicita aclaraciones sobre el concepto de autorización cuando una operación se tramita mediante mecanismos bancarios habituales, pero la orden original contiene una firma falsificada.
Esta distinción es esencial.
La autenticación se refiere a los procedimientos que permiten comprobar determinados elementos de la identidad o la utilización de instrumentos de pago.
La autorización implica que el ordenante haya prestado su consentimiento a la ejecución de la operación conforme a las reglas aplicables.
Ambos conceptos están relacionados, pero no son idénticos.
Segunda cuestión: ¿cuándo debe producirse el reembolso?
También se plantea cómo deben aplicarse las obligaciones de devolución cuando existe una controversia entre el cliente y la entidad bancaria.
El Supremo quiere aclarar si resulta exigible un reembolso inmediato en determinadas circunstancias y cómo debe resolverse posteriormente la responsabilidad definitiva.
Las siete preguntas no deben interpretarse como siete respuestas ya establecidas por el Tribunal europeo.
Hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial del caso Unísono, no existe una decisión europea definitiva sobre esas preguntas concretas.
El TJUE ya se pronunció el 15 de octubre de 2026 sobre el reembolso de operaciones no autorizadas
Existe una segunda resolución europea de enorme importancia para los afectados por fraude bancario.
El 15 de octubre de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-70/25, Tukowiecka.
El procedimiento se originó en Polonia, después de que una mujer sufriera una estafa mediante una página que imitaba la de su banco.
La víctima introdujo sus credenciales en una página fraudulenta y los delincuentes consiguieron realizar una transferencia no autorizada.
El banco rechazó la devolución porque consideraba que la clienta había actuado con negligencia grave.
¿Qué decidió el TJUE?
El Tribunal europeo estableció que, ante una operación de pago no autorizada, el proveedor debe efectuar en principio el reembolso inmediato, como máximo al finalizar el siguiente día hábil desde que tenga conocimiento o reciba la notificación, siempre que se cumplan los requisitos legales.
La entidad no puede rechazar ese reembolso inicial únicamente porque considere que el cliente actuó con negligencia grave.
Sin embargo, el banco conserva la posibilidad de reclamar posteriormente las pérdidas al usuario si acredita que concurren las condiciones legales para atribuirle responsabilidad.
La sentencia distingue, por tanto, entre:
La obligación inicial de reembolsar una operación no autorizada y la determinación posterior de quién debe soportar definitivamente el perjuicio.
La excepción al reembolso inmediato prevista en la normativa contempla determinados supuestos en los que el proveedor tenga motivos razonables para sospechar fraude del propio ordenante y comunique esos motivos por escrito a la autoridad competente.
¿Qué relevancia tiene esta resolución?
Su importancia reside en que refuerza la distinción entre la devolución inicial de una operación no autorizada y una eventual reclamación posterior por negligencia grave.
No significa que cualquier pago realizado tras una estafa tenga que reembolsarse automáticamente.
Es imprescindible determinar si la operación está jurídicamente autorizada o no.
Consultar la sentencia oficial del TJUE de 15 de octubre de 2026, asunto C-70/25.
El precedente Privalia contra Banco Santander: responsabilidad compartida
El Tribunal Supremo ya había examinado otro fraude del CEO mediante la Sentencia 787/2026, de 25 de mayo.
En aquel procedimiento, Privalia reclamaba al Banco Santander más de 1,5 millones de euros relacionados con transferencias fraudulentas.
La controversia incluía el incumplimiento de un protocolo de seguridad para tramitar operaciones bancarias.
¿Qué ocurrió?
Según la sentencia, Privalia había establecido determinadas instrucciones sobre los procedimientos necesarios para autorizar transferencias.
Sin embargo, se ejecutaron operaciones fraudulentas que no respetaron adecuadamente ese protocolo.
Los tribunales examinaron tanto la actuación bancaria como las deficiencias de los controles internos de la empresa.
La decisión judicial
El Tribunal Supremo confirmó la distribución de responsabilidad establecida en la instancia anterior.
La pérdida se atribuyó al 50 % entre la empresa perjudicada y la entidad bancaria.
Esta decisión no establece que todos los casos de fraude del CEO deban resolverse mediante un reparto equivalente.
El resultado dependió de los incumplimientos y circunstancias concretas acreditados en ese procedimiento.
Referencia jurídica
- Sentencia del Tribunal Supremo 787/2026, de 25 de mayo.
- Recurso 6306/2021.
- ECLI:ES:TS:2026:2338.
Consultar la resolución y sus antecedentes jurídicos.
¿Qué obligaciones tienen los bancos frente al fraude del CEO?
Las entidades financieras deben cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de servicios de pago y en los contratos que mantienen con sus clientes.
En las operaciones empresariales resulta especialmente relevante conocer los procedimientos autorizados para transmitir órdenes.
Autorización de operaciones
Debe comprobarse si la orden procede de una persona facultada para autorizar la disposición del dinero.
Procedimientos pactados
Cuando existen protocolos contractuales de autorización y verificación, su cumplimiento puede resultar fundamental.
Autenticación
Los mecanismos de autenticación permiten comprobar determinados elementos de seguridad asociados a las operaciones.
No obstante, su utilización no resuelve por sí sola cualquier controversia sobre el consentimiento.
Operaciones inusuales
Las circunstancias de una transferencia pueden resultar relevantes para valorar las obligaciones aplicables y los procedimientos que debían cumplirse.
Sin embargo, no existe una obligación universal de impedir toda transferencia inusual o arriesgada.
Carga de la prueba
En las operaciones no autorizadas, la normativa de servicios de pago establece reglas específicas sobre la prueba de autenticación y ejecución.
La entidad bancaria no puede resolver cualquier reclamación alegando simplemente que se utilizaron determinadas credenciales o que la orden se ejecutó técnicamente.
Debe analizarse el régimen legal correspondiente y las circunstancias de la operación.
Qué establece el Real Decreto-ley 19/2018 sobre operaciones bancarias no autorizadas
El Real Decreto-ley 19/2018 regula los servicios de pago en España y transpone aspectos fundamentales de la Directiva europea PSD2.
Los artículos 44, 45 y 46 son especialmente relevantes para las controversias relacionadas con operaciones no autorizadas.
Artículo 44: prueba de autenticación y ejecución
Establece reglas de prueba que debe atender el proveedor cuando el usuario niega haber autorizado una operación.
Artículo 45: responsabilidad del proveedor por operaciones no autorizadas
Regula el régimen de devolución correspondiente a este tipo de operaciones.
Artículo 46: responsabilidad del ordenante
Contempla las condiciones bajo las cuales el usuario puede soportar pérdidas derivadas de operaciones no autorizadas.
La interpretación de estas disposiciones debe tener en cuenta la jurisprudencia del TJUE.
Consultar el Real Decreto-ley 19/2018 en el BOE.
¿Pueden reclamar las víctimas de una estafa al banco?
La respuesta depende del tipo de operación y de las circunstancias.
No todas las estafas bancarias presentan la misma estructura.
Cuando una operación no ha sido autorizada
Puede resultar aplicable el régimen específico de reembolso de servicios de pago.
La sentencia europea de octubre de 2026 es especialmente importante en este ámbito.
Cuando el cliente ordenó una transferencia porque fue engañado
La situación es diferente.
Por ejemplo, una persona puede realizar voluntariamente una transferencia creyendo que está invirtiendo en una empresa legítima.
Aunque exista engaño por parte del supuesto asesor, la autorización bancaria debe analizarse conforme a las circunstancias concretas.
No existe una devolución automática por cualquier transferencia realizada bajo engaño.
Cuando el banco incumple un protocolo contractual
Puede ser necesario estudiar si el incumplimiento causó o contribuyó jurídicamente al perjuicio sufrido.
El caso Privalia demuestra la importancia que pueden tener los procedimientos pactados entre empresa y entidad.
Cuando la orden procede de una identidad falsificada
La cuestión puede ser especialmente compleja.
Precisamente por ello, el Tribunal Supremo ha elevado el asunto Unísono al TJUE.
Responsabilidad contractual de las entidades de pago ante operaciones fraudulentas — Victifin.
La responsabilidad de los bancos receptores y el recorrido del dinero
Una estafa del CEO puede incluir transferencias a bancos situados en otros países.
En el caso Unísono, los fondos fueron enviados a cuentas en China y Hong Kong.
La investigación de este tipo de hechos requiere identificar las entidades receptoras y reconstruir el recorrido del dinero.
Obligaciones de prevención del blanqueo
Las entidades financieras están sujetas a medidas de diligencia debida y supervisión de operaciones conforme a la normativa aplicable.
En España, estas obligaciones se regulan principalmente mediante la Ley 10/2010.
Cuando una cuenta es utilizada para recibir fondos relacionados con un posible delito, puede resultar relevante investigar los controles aplicados por la entidad.
Sin embargo, la recepción de dinero procedente de una estafa no genera automáticamente responsabilidad civil indemnizatoria.
Una reclamación debe identificar la obligación incumplida, el perjuicio y los requisitos jurídicos de causalidad.
Cómo proteger una empresa frente al fraude del CEO
Las empresas deben establecer procedimientos internos que no puedan modificarse mediante una única comunicación electrónica.
Entre las medidas preventivas recomendables se encuentran:
- Verificar las órdenes extraordinarias utilizando un canal independiente del mensaje recibido.
- Establecer autorizaciones conjuntas para transferencias de elevado importe.
- Confirmar personalmente los cambios de beneficiario o de cuenta bancaria.
- Mantener protocolos escritos conocidos por el personal responsable de tesorería.
- Aplicar mecanismos de autenticación robustos.
- Formar a los trabajadores para detectar correos falsificados.
- Conservar un registro de las autorizaciones.
- Revisar periódicamente los límites y facultades de disposición.
Especial atención merecen las instrucciones que combinan urgencia, confidencialidad y cambios extraordinarios en los procedimientos habituales.
Ningún empleado debería considerar suficiente un correo electrónico inesperado para ejecutar una transferencia millonaria sin verificar su autenticidad.
Qué hacer si tu empresa ha sufrido un fraude del CEO
La rapidez es fundamental.
Contactar inmediatamente con el banco
Debe notificarse el posible fraude y solicitar las actuaciones disponibles para intentar detener o recuperar los fondos.
Conservar los correos originales
Es importante guardar los mensajes completos, con sus cabeceras técnicas, archivos adjuntos y metadatos disponibles.
Identificar las operaciones
Conviene recopilar los importes, fechas, cuentas receptoras y documentos de autorización.
Revisar los protocolos bancarios
Debe comprobarse qué instrucciones estaban pactadas con la entidad y qué procedimientos se utilizaron realmente.
Presentar denuncia
Los hechos pueden denunciarse ante las autoridades policiales o judiciales competentes.
Solicitar asesoramiento jurídico especializado
El análisis puede incluir aspectos penales, contractuales, bancarios y tecnológicos.
Cómo denunciar una estafa online en España — Victifin.
¿Qué relación tiene el fraude del CEO con las estafas financieras difundidas en redes sociales?
El fraude del CEO suele comenzar mediante la suplantación de un directivo en comunicaciones empresariales.
Las falsas inversiones promocionadas en redes sociales utilizan técnicas diferentes.
Sin embargo, ambas modalidades pueden compartir elementos relacionados con la suplantación de identidad, la manipulación de la confianza y la utilización de transferencias bancarias.
También pueden plantear cuestiones sobre la actuación de entidades financieras y otros intervinientes.
La denuncia colectiva de Victifin contra Meta
El 29 de mayo de 2026, RTVE informó sobre la denuncia colectiva contra Meta presentada ante la Fiscalía General del Estado por el abogado Mauro Jordán de la Peña, con participación de Victifin.
La información recogía 302 personas afectadas y perjuicios denunciados superiores a 36 millones de euros.
Jéssica González, presidenta de Victifin, fue entrevistada para la cobertura televisiva sobre la denuncia colectiva.
La iniciativa investiga la posible responsabilidad relacionada con publicidad presuntamente fraudulenta difundida mediante Facebook e Instagram.
Se trata de una actuación jurídica distinta del procedimiento Unísono.
No existe información que permita establecer una conexión directa entre ambos casos.
RTVE Noticias — Denuncia colectiva contra Meta por publicidad fraudulenta, 29 de mayo de 2026.
RTVE Play — Reportaje televisivo sobre la denuncia colectiva.
Preguntas frecuentes sobre el fraude del CEO y la responsabilidad bancaria
¿Qué es el fraude del CEO?
Es una estafa en la que los delincuentes suplantan a un directivo empresarial para conseguir que empleados realicen pagos o transferencias.
¿Por qué el Tribunal Supremo ha consultado al TJUE?
Para aclarar cómo debe interpretarse la normativa europea sobre autorización, autenticación y responsabilidad bancaria en operaciones derivadas de órdenes falsificadas.
¿El TJUE ya ha resuelto el caso Unísono?
No. Según la noticia del 13 de noviembre de 2026, la cuestión prejudicial está pendiente de resolución.
¿El TJUE ha ordenado devolver el dinero del phishing?
En su sentencia del 15 de octubre de 2026, el TJUE estableció el principio de reembolso inmediato para operaciones no autorizadas, sujeto a los requisitos y excepciones legales. La negligencia grave alegada por el banco no justifica por sí sola rechazar inicialmente el reembolso.
¿Puede el banco reclamar posteriormente al cliente?
Sí, cuando concurran los requisitos legales y pueda acreditar la responsabilidad que corresponda.
¿Qué decidió el Supremo en el caso Privalia?
En mayo de 2026 confirmó una distribución de responsabilidad del 50 % entre la empresa y Banco Santander, atendiendo a las circunstancias del procedimiento.
¿Todos los fraudes del CEO deben resolverse al 50 %?
No. La distribución de responsabilidad depende de los hechos y de la normativa aplicable.
¿Una firma falsificada convierte automáticamente una transferencia en no autorizada?
Es una cuestión jurídica que depende del procedimiento y las circunstancias. Precisamente la interpretación de estas situaciones forma parte de las dudas planteadas al TJUE.
¿Puede una empresa reclamar a su banco si se ha producido una estafa?
Puede estudiar una reclamación cuando existan fundamentos legales o contractuales. La viabilidad dependerá de la prueba disponible.
Victifin: la responsabilidad bancaria no puede analizarse sin examinar cómo se autorizó realmente la operación
El caso Unísono plantea cuestiones esenciales para la protección de empresas y consumidores.
Cuando los delincuentes consiguen que un trabajador tramite una operación utilizando instrucciones falsificadas, debe determinarse si existió una autorización válida y si el banco cumplió las obligaciones que le correspondían.
La jurisprudencia europea de octubre de 2026 también recuerda que el reembolso inicial de operaciones no autorizadas y la responsabilidad definitiva del cliente son cuestiones que deben distinguirse.
Desde Victifin defendemos que las reclamaciones bancarias sean analizadas de forma individualizada, teniendo en cuenta los procedimientos de autorización, las obligaciones contractuales y las pruebas disponibles.
La existencia de una estafa no significa automáticamente que el banco sea responsable; pero tampoco puede descartarse su responsabilidad sin examinar cómo se ejecutaron y autorizaron las operaciones.
Asesoramiento especializado de Victifin
Si tu empresa o tú habéis sufrido transferencias fraudulentas, suplantación de identidad, phishing o una estafa de inversión, puedes solicitar una revisión inicial de la documentación.
Abogados especializados en estafas financieras — Victifin.
Soy Jéssica González, presidenta de Victifin, y también fui víctima de una estafa. Puedes consultarme sin compromiso para recibir orientación inicial y conocer cómo solicitar la revisión de tu caso.
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 689 680 474
Formulario: Revisa mi caso gratuitamente.
La revisión inicial es gratuita. No implica representación jurídica gratuita ni garantiza recuperar el dinero.
Victifin — Asociación de víctimas de estafas financieras.
Publicado el 16 de noviembre de 2026.
Fuentes y documentación
- elDiario.es — El Supremo eleva a Europa la estafa del fraude del CEO, 13 de noviembre de 2026.
- TJUE — Sentencia C-70/25, Tukowiecka, 15 de octubre de 2026.
- TJUE — Comunicado oficial sobre el reembolso inmediato de operaciones no autorizadas.
- Tribunal Supremo — Sentencia 787/2026, caso Privalia contra Banco Santander, referencia jurisprudencial.
- BOE — Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago.
- BOE — Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales.
- RTVE — Denuncia colectiva contra Meta con participación de Victifin.






