Housers: 66 millones sin devolver y cientos de inversores atrapados tras años esperando recuperar su dinero
Proyectos inmobiliarios que debían durar unos meses. Rentabilidades anunciadas por encima del 10%. Una plataforma que llegó a canalizar alrededor de 150 millones de euros.
Y, años después, una cifra que resume la dimensión del problema:
66 millones de euros sin devolver.
Es la situación descrita por Economía Digital sobre Housers, la conocida plataforma española de financiación participativa inmobiliaria que permitió a pequeños inversores financiar proyectos vinculados al sector inmobiliario.
Detrás de las cifras aparecen cientos de personas que aseguran tener importantes cantidades de dinero atrapadas.
Uno de los testimonios recogidos resulta especialmente significativo: un inversor explica que entró en proyectos que se presentaban con una duración aproximada de 12 meses y que, ocho años después, continúa esperando recuperar su dinero, con 114.000 euros invertidos.
El problema de Housers ya no puede analizarse únicamente como una inversión que salió mal.
Hay que preguntarse qué proyectos se financiaron, qué información recibió cada inversor, cómo se evaluaba a los promotores, qué ocurrió con los proyectos fallidos y qué responsabilidades pueden existir en cada caso.
¿Qué era Housers?
Housers se convirtió en uno de los nombres más conocidos del denominado crowdfunding inmobiliario en España.
El modelo permitía que numerosos particulares aportaran dinero para financiar determinados proyectos inmobiliarios.
En lugar de comprar directamente una vivienda, el inversor participaba financieramente en una operación gestionada a través de la plataforma.
La propuesta resultaba especialmente atractiva:
inversión inmobiliaria sin necesidad de comprar un inmueble completo, proyectos aparentemente acotados temporalmente y expectativas de rentabilidad elevadas.
Según la información publicada, algunos proyectos ofrecían rentabilidades superiores al:
10%
y se planteaban con horizontes temporales relativamente reducidos.
Pero para numerosos inversores los plazos terminaron convirtiéndose en años.
De 150 millones invertidos, 66 millones no habrían sido devueltos
La magnitud económica del caso resulta especialmente relevante.
Según los datos recogidos por Economía Digital, a través de Housers se habrían canalizado aproximadamente:
150 millones de euros
en inversiones.
De esa cantidad:
66 millones no habrían sido devueltos.
Esto representa aproximadamente un 44% de esos 150 millones, aunque ambas cifras deben interpretarse conforme al alcance y metodología de los datos publicados, y no como una auditoría independiente realizada por Victifin.
Pero detrás de esos millones existen situaciones personales muy diferentes.
Personas que invirtieron unos miles de euros.
Otras que distribuyeron sus ahorros entre múltiples proyectos.
Y algunas que llegaron a concentrar cantidades extraordinariamente elevadas.
“Eran proyectos de 12 meses”
Uno de los testimonios recogidos en la información periodística resume perfectamente el problema de los plazos.
Un afectado explica que hace ocho años le hablaban de proyectos de aproximadamente:
12 meses.
Sin embargo, asegura continuar con 114.000 euros invertidos y describe su situación como de “desesperanza total”.
Este punto resulta fundamental para cualquier persona que esté actualmente valorando una inversión mediante crowdfunding o crowdlending.
El plazo previsto de un proyecto no equivale necesariamente a una fecha garantizada de recuperación.
Si el promotor no vende, incumple, entra en dificultades financieras, el proyecto se paraliza o aparecen procedimientos concursales o judiciales, el calendario puede cambiar radicalmente.
Los afectados cuestionan la selección de los promotores
Una de las críticas recogidas en la información publicada afecta directamente al papel que desempeñaba la plataforma.
Un afectado sostiene que Housers obtenía su comisión por los proyectos financiados independientemente de la fiabilidad posterior del promotor.
Se trata de la acusación de un inversor, no de una conclusión judicial que Victifin pueda asumir automáticamente como acreditada.
Pero plantea una cuestión esencial.
En una plataforma de financiación participativa no basta con analizar el inmueble.
Hay que estudiar también:
quién es el promotor;
qué solvencia tiene;
cuál es su historial;
qué deuda soporta;
qué garantías existen;
qué posición ocupa el inversor frente a otros acreedores;
y
qué sucede jurídicamente si el proyecto fracasa.
“Hay un inmueble detrás” no significa “mi dinero está garantizado”
Este caso permite desmontar además una percepción especialmente peligrosa.
La inversión inmobiliaria puede transmitir una sensación de seguridad porque existe un activo físico.
Una vivienda.
Un edificio.
Un terreno.
Una promoción.
Pero que exista un inmueble no significa automáticamente que el capital del inversor esté garantizado.
El inmueble puede estar hipotecado.
Puede tener cargas.
Puede valer menos de lo previsto.
Puede resultar difícil de vender.
El promotor puede acumular otros acreedores.
Puede existir financiación con prioridad de cobro.
O la estructura contractual puede hacer que el pequeño inversor no sea propietario directo del inmueble.
Por eso hay que distinguir entre:
invertir en un proyecto relacionado con un inmueble
y
ser propietario del inmueble que aparentemente respalda la inversión.
No son necesariamente lo mismo.
El riesgo del promotor era fundamental
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, resumía una cuestión básica de este tipo de inversión: si el promotor fracasa o quiebra, el inversor puede perder su dinero.
Esto explica por qué analizar exclusivamente la rentabilidad anunciada constituye un error.
Si una inversión ofrece un 10%, 12% o una rentabilidad todavía superior, la pregunta correcta no es únicamente:
“¿Cuánto puedo ganar?”
También hay que preguntar:
“¿Qué riesgo estoy asumiendo para obtener esa rentabilidad?”
Y:
“¿Qué puedo recuperar si el proyecto fracasa?”
De Housers a Crowpire
Otro de los elementos que está generando preocupación entre los afectados es la transformación empresarial y comercial alrededor de la antigua plataforma.
Según la información publicada, los inversores denuncian una mayor dificultad para conocer qué ocurre con sus antiguas inversiones después de la transformación de Housers en Crowpire.
Este punto requiere especial precisión.
Un cambio de denominación, estructura societaria o actividad comercial no determina por sí solo la desaparición de obligaciones anteriores.
Para conocer quién responde jurídicamente en cada inversión hay que examinar:
el contrato original;
la sociedad contratante;
el promotor;
la estructura del proyecto;
las garantías;
las posteriores modificaciones societarias;
y las comunicaciones remitidas a los inversores.
Los afectados necesitan reconstruir proyecto por proyecto
En Victifin consideramos que uno de los errores sería tratar todos los casos de Housers como si fueran idénticos.
No necesariamente lo son.
Un afectado puede tener dinero distribuido entre varios proyectos y encontrarse con situaciones jurídicas diferentes en cada uno.
Por eso recomendamos preparar una tabla individual con:
nombre del proyecto;
fecha de inversión;
cantidad aportada;
rentabilidad anunciada;
plazo inicial;
promotor;
contrato;
garantías anunciadas;
cantidad recuperada;
cantidad pendiente;
última comunicación recibida;
y
situación actual del proyecto.
Ese inventario puede ser mucho más útil jurídicamente que entregar cientos de correos y documentos sin clasificar.
La publicidad original también importa
Quienes estén estudiando posibles reclamaciones deberían conservar asimismo la documentación comercial existente en el momento en que decidieron invertir.
Especialmente:
capturas de los proyectos;
rentabilidades anunciadas;
plazos;
correos comerciales;
presentaciones;
fichas de inversión;
información sobre riesgos;
contratos;
actualizaciones posteriores;
y cualquier comunicación relacionada con retrasos o refinanciaciones.
Existe una diferencia importante entre el riesgo que realmente asumió el inversor conforme al contrato y la forma en que ese riesgo pudo ser presentado comercialmente.
Rentabilidad esperada no significa rentabilidad garantizada
Este punto merece especial atención porque resulta aplicable mucho más allá del caso Housers.
Una rentabilidad anunciada como:
8%, 10%, 12% o 15%
no puede interpretarse automáticamente como dinero que el inversor va a recibir.
Hay que analizar exactamente cómo aparecía descrita.
Puede tratarse de una:
rentabilidad estimada;
rentabilidad objetivo;
rentabilidad anualizada;
TIR;
interés contractual;
o previsión dependiente del resultado final del proyecto.
Son conceptos jurídicos y financieros diferentes.
Housers opiniones: qué deben hacer ahora los afectados
Las personas con dinero pendiente deberían reunir toda la documentación antes de valorar qué vía de reclamación resulta adecuada.
Especialmente conviene descargar y conservar cualquier información que todavía esté accesible en plataformas o áreas privadas.
No hay que depender de que esos documentos permanezcan disponibles indefinidamente.
También resulta conveniente conservar justificantes bancarios que permitan acreditar cada aportación y cada devolución recibida.
Y, si existen procedimientos judiciales, concursales o reclamaciones ya iniciadas, es fundamental evitar duplicidades o actuaciones incompatibles sin asesoramiento jurídico.
Victifin busca afectados por Housers y Crowpire
Victifin está recopilando información sobre personas afectadas por proyectos de Housers y la situación posterior relacionada con Crowpire.
Nos interesa especialmente conocer:
qué proyecto contrataste; cuánto permanece pendiente; cuándo debía finalizar; quién era el promotor; qué explicación has recibido sobre el retraso; y qué documentación conservas.
También queremos comparar casos en los que un mismo promotor aparezca repetidamente.
Porque una cifra global como 66 millones de euros permite comprender la dimensión del problema.
Pero para determinar responsabilidades hay que bajar después al detalle:
proyecto por proyecto, contrato por contrato y promotor por promotor.
¿Tienes dinero pendiente en Housers?
Si eres uno de los inversores afectados, conserva toda la documentación y no elimines tu acceso, correos o contratos.
Victifin puede estudiar gratuitamente la documentación inicial de tu caso para orientarte sobre los siguientes pasos.
Soy Jessica González, presidenta de Victifin. Si tienes dinero atrapado en Housers o necesitas saber cómo actuar, puedes enviarnos tu caso para estudiarlo.
La cuestión ya no es cuánto prometía ganar cada proyecto.
Para cientos de afectados, la pregunta después de años de espera es mucho más sencilla:
