Una denuncia presentada en 2021 por dos empresarios alicantinos ha desembocado en una macro-investigación contra 17 personas —entre ellas seis ex jugadores del Sevilla FC— por una presunta estafa millonaria con criptomonedas y NFT. El Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona dirige el «Caso Shirtum», un avance que la Asociación de Estafados Victifin, que lleva años batallando en los tribunales contra los fraudes financieros, celebra como un auténtico hito judicial.
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Instrucción del ‘Caso Shirtum’
Los hechos se remontan a la primavera de 2021, cuando los empresarios alicantinos —respaldados ahora por el despacho Algoritmo Legal— entregaron Binance Coin (BNB) equivalente a un millón de euros como aportación inicial al proyecto. El plan, detallan en su escrito, consistía en lanzar una aplicación para fraccionar momentos históricos del fútbol en NFT y revalorizarlos en el mercado secundario. A cambio, los inversores recibirían el token Shi, la criptomoneda nativa del ecosistema, supuestamente «de fácil convertibilidad» y con «alto potencial de apreciación».
El problema, afirman, es que nada de lo prometido se cumplió: ni plataforma funcional, ni listado en grandes exchanges, ni mecanismos de liquidez que permitiesen intercambiar los Shi por otras divisas digitales. Poco a poco, más perjudicados fueron relatando experiencias parecidas, hasta sumar un montante superior a los tres millones de euros en criptoactivos entregados a los promotores.
La juez titular del Juzgado de Instrucción 5 ha acordado tomar declaración en calidad de investigados a Manuel Ángel T.P. y a su hijo Marc T.G. el próximo 16 de junio, así como a Manuel M.P. y David R. el día 17. Todos ellos figuran como administradores o impulsores de Shirtum Europa S.L.U., la sociedad a través de la cual se canalizó la operación. La magistrada aceptó también la personación de los seis ex jugadores del Sevilla FC, aunque la querella matiza que su papel habría sido principalmente promocional.
La acusación sostiene que los fondos en BNB nunca se registraron contablemente y que, tras varias conversiones en plataformas descentralizadas, terminaron repartidos en wallets anónimas fuera del control de la sociedad. Entre las primeras diligencias, la magistrada ha oficiado a Binance, Coinbase y Kraken para que faciliten el histórico de movimientos vinculados a las direcciones sospechosas.
Ex futbolistas como reclamo financiero
La presencia de rostros conocidos del balompié resultó —siempre según la acusación— crucial para atraer capital. El argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, amigo personal de los promotores, habría sido el primero en sumarse y, acto seguido, convenció a otros compañeros: el croata Ivan Rakitic, el también argentino Lucas Ocampos, el exzaguero Nico Pareja, el lateral Alberto Moreno y el goleador Javier Saviola. Todos ellos aparecen en vídeos promocionales y material corporativo como «socios fundadores», reforzando la impresión de que el proyecto contaba con el respaldo de estrellas internacionales y, por extensión, con mayores garantías de éxito.
La querella subraya que los deportistas no se limitaron a prestar su imagen, sino que habrían divulgado el proyecto de forma activa en redes sociales —sobre todo Instagram y X— y en reuniones privadas con potenciales inversores. Esa participación, sostienen los demandantes, generó «una apariencia de solvencia y seriedad» decisiva a la hora de que numerosos ahorradores transfirieran sus criptomonedas. Uno de los testimonios incorporados al sumario relata que la presencia de Rakitic en un encuentro celebrado en un hotel de Barcelona fue «determinante» para entregar 250.000 euros en BNB «sin exigir más garantías».
Los abogados de la acusación insisten en que los futbolistas no son considerados los cerebros de la trama, pero sí presuntos colaboradores necesarios, al menos a efectos de responsabilidad civil. Por ahora ninguno de ellos ha ofrecido una versión pública de los hechos; fuentes cercanas a la defensa preparan un comunicado en el que remarcarán que confiaban «de buena fe» en el negocio y que ellos mismos se considerarían, llegado el caso, víctimas del supuesto engaño.
Hasta once posibles delitos
El escrito presentado ante el juzgado detalla una batería de once delitos que irían desde la estafa agravada, la administración desleal y la apropiación indebida hasta el blanqueo de capitales, la falsedad documental y el delito contra la Hacienda Pública. Uno de los puntos clave de la investigación será determinar si existe un vacío patrimonial en Shirtum Europa —indicio de descapitalización deliberada— y rastrear la trazabilidad de las cripto-transacciones. Para ello se han solicitado oficios a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, especializada en seguimiento de activos digitales.
En paralelo, la magistrada ha reclamado a la Agencia Tributaria información sobre declaraciones de bienes en el extranjero (modelo 720) y eventuales movimientos sospechosos de grandes sumas desde 2020. También se ha oficiado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a fin de comprobar si los promotores obtuvieron la preceptiva autorización para comercializar instrumentos financieros complejos entre minoristas, requisito que —de confirmarse su carencia— agravaría la responsabilidad penal.
El procedimiento se encuentra aún en fase embrionaria y, como recuerdan las fuentes jurídicas consultadas, rige el principio de presunción de inocencia. Solo si, tras la instrucción, la juez aprecia indicios sólidos se formulará auto de apertura de juicio oral. Mientras tanto, la defensa de los investigados podría proponer peritajes que acrediten inversiones efectivamente realizadas o plantear acuerdos de restitución económica para atenuar una eventual condena.
Contexto: celebridades y cripto-riesgos
El Caso Shirtum no es un episodio aislado. La última década ha visto proliferar iniciativas relacionadas con criptomonedas avaladas por deportistas, músicos o ‘influencers’. En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha multado a varias figuras públicas por publicitar criptoactivos sin revelar remuneración, y en España la CNMV publicó en 2022 una circular que obliga a advertir sobre los riesgos de volatilidad y pérdida total.
Expertos en derecho tecnológico recuerdan que, cuando la mera expectación de beneficio se basa en la confianza generada por un personaje público, la línea entre patrocinio y captación irregular de capital resulta muy fina. Por ello recomiendan contrastar siempre la solvencia del emisor y la existencia de ‘whitepapers’ auditados, más aún cuando se habla de inversiones en fase semilla.
Próximos hitos procesales
Si se cumple el calendario previsto, las primeras comparecencias de los querellados podrían prolongarse durante toda la semana del 16 al 20 de junio. Una vez practicadas, la magistrada valorará medidas cautelares: desde la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial hasta la congelación de wallets vinculadas a los acusados. La parte denunciante —en la que ya se han personado más afectados de la mano de Victifin— ha solicitado el bloqueo preventivo de varios monederos identificados por los peritos, petición que deberá dirimirse en los próximos días.
Para los inversores, el objetivo prioritario es recuperar los fondos. No obstante, los especialistas advierten de que, si el rastro de las criptomonedas conduce a exchanges situados en paraísos digitales o a plataformas que operan sin políticas de ‘conoce-a-tu-cliente’ (KYC), la restitución podría complicarse.
La vista, en definitiva, servirá para aclarar si el proyecto fue un experimento fallido o una estafa orquestada. Nadie descarta que se alcance un acuerdo extrajudicial que indemnice a los afectados y archive la causa, aunque las acusaciones prefieren agotar la vía penal. Sea como fuere, el caso sienta un precedente decisivo en la intersección entre deporte, ‘blockchain’ y derecho penal, y lanza un aviso para navegantes: cuando el balón y el ‘hype’ cripto se dan la mano, el fuera de juego regulatorio siempre acecha.
