La Operación BORRELLI, uno de los mayores golpes de la Guardia Civil contra el fraude con criptomonedas, ha logrado frenar una trama que se extendía por treinta países y dejaba tras de sí más de cinco mil inversores damnificados. El anuncio ha sido recibido por la Asociación de Estafados Victifin, entidad que desde hace años agrupa a afectados por estafas financieras y que ve en esta operación un paso decisivo para la defensa de los consumidores.
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Una red internacional con sede societaria en Hong Kong
La investigación arrancó cuando los analistas del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) detectaron un patrón de movimientos atípicos ligados a una compañía constituida en Hong Kong. Sobre el papel, la firma prometía obtener ganancias en los mercados FOREX, pero la realidad, según los agentes, era muy distinta: actuaba como epicentro societario de una organización criminal dedicada a canalizar fondos obtenidos a través de criptodivisas.
Los primeros indicios revelaron que se valían de un entramado bancario también registrado fuera de España, circunstancia que complicaba la obtención de información financiera por los cauces ordinarios. Para sortear el problema, el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional libró rápidamente solicitudes de cooperación internacional, lo que permitió acceder a datos bancarios y societarios clave.
Con la información preliminar, la UCO puso en marcha un dispositivo que incluyó registros en tres localidades españolas: Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana. Durante estas actuaciones se incautaron ordenadores, documentación contable y dispositivos de almacenamiento de criptoactivos. Todo el material está siendo analizado por peritos informáticos ante la sospecha de que contenga las claves que demuestren la magnitud exacta de los flujos financieros.
El atestado policial apunta a que la elección de Hong Kong obedecía a la facilidad para abrir sociedades con escasa supervisión regulatoria y a la existencia de un sistema bancario que permite transferir capitales en cuestión de minutos. Según la Guardia Civil, este marco normativo permitió a los cabecillas mover dinero con rapidez y fuera del radar de los reguladores europeos.
Captación de fondos y blanqueo según la UCO
El informe de la UCO describe con detalle la estrategia de captación de capitales. En el centro del engranaje figuraba una red de comerciales, dispersa por los cinco continentes, que ofrecía rentabilidades fuera de mercado a inversores de perfil muy diverso. A los potenciales clientes se les presentaba la oportunidad de participar en una plataforma de trading de criptomonedas supuestamente avalada por tecnología de última generación. El gancho funcionó: más de cinco mil personas, repartidas en treinta países, entregaron sus ahorros confiando en que obtendrían beneficios rápidos y seguros.
Para materializar las aportaciones la organización disponía de tres vías: pagos en efectivo, transferencias bancarias a cuentas de reciente apertura y envíos directos de criptomonedas a monederos digitales controlados por la trama. Una vez dentro, el dinero se fragmentaba y se desplazaba entre distintas cuentas y exchanges, una maniobra que, según los investigadores, perseguía dificultar su trazabilidad. En paralelo, se contrataban pasarelas de pago en distintos puntos del planeta, lo que permitía convertir divisas fiduciarias en activos digitales y viceversa con gran agilidad.
La Guardia Civil sostiene que una parte del capital se destinaba a abonar intereses ficticios a los primeros clientes, un rasgo típico de los esquemas piramidales. El resto se desviaba a un conglomerado de sociedades pantalla con sede en Europa, Asia y América. Gracias a esta estructura financiera, la red habría lavado los beneficios y los habría puesto a disposición de los organizadores para reinvertirlos o mantenerlos fuera del alcance de las autoridades.
Aunque los investigadores han intervenido numerosos dispositivos y han bloqueado varios monederos electrónicos, todavía no existe una cifra oficial sobre el importe recuperado. Los peritos siguen rastreando los activos y confían en que las diligencias practicadas permitan cuantificar el daño económico sufrido por cada una de las víctimas.
Cooperación transnacional y próximos pasos judiciales
Uno de los elementos que más destaca en la Operación BORRELLI es la amplitud de la cooperación internacional. Europol actuó como eje de coordinación, asignando analistas y facilitando el intercambio de inteligencia en tiempo real con sus homólogos fuera de la Unión Europea. Entre las agencias que prestaron apoyo figuran el Homeland Security Investigations de Estados Unidos, la Police and Border Guard Board de Estonia y la Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia (Francia). A ellas se sumaron cuerpos policiales de Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
En el ámbito nacional, la Guardia Civil movilizó recursos de varias especialidades. Destaca la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), responsable de garantizar la seguridad en los registros; del Servicio Cinológico y de Remonta, cuyos guías y perros adiestrados ayudaron a detectar dispositivos ocultos; y del Servicio Aéreo, que aportó apoyo logístico y vigilancia desde el aire. Todo el dispositivo se desplegó bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 y en coordinación con la Fiscalía.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales. La causa sigue abierta y los investigadores no descartan nuevas actuaciones, ya que el material intervenido continúa bajo análisis pericial.
La Asociación de Estafados Victifin, que asesora a centenares de personas afectadas por fraudes financieros, ha celebrado el éxito del operativo y anima a quienes aún no hayan presentado denuncia a contactarnos y aportar toda la información de que dispongan, con el objetivo de facilitar la recuperación de fondos y reforzar la investigación.
