La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto nombre y apellidos al cerebro tras uno de los mayores fraudes con criptomonedas investigados en España: David Merino, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. El señalamiento llega mientras miles de damnificados continúan buscando amparo; entre ellos, la Asociación de Estafados Victifin, que desde hace años alerta y asesora a afectados por estafas financieras de todo tipo y reclama una respuesta institucional más ágil.
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Un fraude global de 460 millones y 15000 víctimas
Las conclusiones policiales describen un fenómeno de alcance internacional: al menos 15000 inversores de una treintena de países —entre los que figuran Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Ecuador, Francia o Australia— habrían depositado su confianza y, sobre todo, su dinero en la plataforma FX Winning, creada por Merino en abril de 2020. Para la UCO, detrás de la aparente sofisticación tecnológica se ocultaba una estafa piramidal clásica que habría generado un agujero superior a 460 millones de euros.
En España, la investigación cifra en medio millar los perjudicados directos, aunque el impacto trasciende las fronteras nacionales: la difusión de campañas publicitarias en redes sociales y foros especializados convirtió a FX Winning en una opción atractiva para pequeños y medianos ahorradores deseosos de sacar partido a las criptomonedas. El desplome de la plataforma a mediados de 2022 destapó la realidad: el dinero de los nuevos clientes se empleaba para pagar intereses ficticios a los antiguos, un esquema insostenible que terminó colapsando.
Los informes periciales señalan que desde 2020 la firma ofrecía rentabilidades de doble dígito “garantizadas”, algo objetivamente imposible en un mercado extremadamente volátil. El gancho de la supuesta inteligencia artificial que operaba en tiempo real sobre índices de criptodivisas reforzó la ilusión de un negocio infalible. Para la UCO, esa promesa fue el combustible de un fraude que afectó tanto a inversores particulares como a pequeños despachos financieros que, a su vez, referenciaron clientes a la plataforma.
La compleja red societaria que señala la Guardia Civil
A lo largo de 444 páginas, los investigadores citan casi 700 veces a David Merino, al que describen como “líder y principal ideólogo” de la trama. Según el atestado, el grancanario ejercía la dirección “desde la sombra”, valiéndose de entramados societarios asentados en jurisdicciones con escasa cooperación judicial. La empresa matriz se constituyó en Hong Kong el 7 de abril de 2020 —con Merino como director y único accionista— y, apenas un año más tarde, formalizó su salida del consejo y la venta de las participaciones, cuando la presunta estafa ya estaba en marcha.
Las sociedades satélite —We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours o The Billion Enterprises— eran utilizadas, según la UCO, para desplazar capitales entre Estonia, Reino Unido y Estados Unidos, difuminando el rastro de los fondos. En paralelo, la investigación atribuye a Merino la recepción de más de 4 000 bitcoins y transferencias bancarias que superan los 3,3 millones de euros, montantes que a la fecha del informe “permanecen ocultos”.
El documento policial subraya que el empresario se ha especializado en operar en “jurisdicciones opacas o poco colaborativas”, un factor que, unido a su actual residencia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), complica su localización efectiva. Las órdenes de detención dictadas esta semana por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional sí alcanzaron a cinco presuntos colaboradores, pero dejaron fuera al presunto cabecilla. El juez apunta que Merino conoce las “ventanas de oportunidad” que ofrecen los países donde no existe tratado de extradición con España y que planifica sus desplazamientos para eludir la acción judicial.
Los agentes remarcan además la prerrogativa de Merino de controlar los movimientos de la organización hasta el más mínimo detalle: desde la selección de “traders” que daban apariencia de legitimidad al negocio, hasta la aprobación de campañas de marketing y el diseño de tutoriales de inversión. Esa operativa, relatan, le confería un papel imprescindible en la “planificación y ejecución” tanto de la captación de fondos como del posterior blanqueo de capitales.
Vínculos con al caso Arbistar y otras macroestafas
El nombre de David Merino no aparece por primera vez en las agendas de los investigadores. La UCO lo relaciona con el caso Arbistar, considerado el mayor fraude con criptomonedas juzgado en España. El procedimiento, listo para sentencia desde el 4 de junio, evalúa un perjuicio de 1 900 millones de euros y 32 000 afectados. Merino no se sentó en el banquillo, pero los agentes sostienen que llegó a publicitar el lanzamiento de Arbistar en 2022 y figuró como cofundador y CEO en la web primitiva de la compañía.
El informe también apunta a la vinculación del empresario con Algorithmics Group, otra presunta estafa piramidal basada en bots de arbitraje. Para los investigadores, la experiencia acumulada en operaciones precedentes habría permitido a Merino “perfeccionar” el modelo aplicado en FX Winning, convirtiendo la ejecución de fraudes en su modus vivendi.
En paralelo al sumario español, el dossier revela la existencia de causas civiles abiertas en Florida (Estados Unidos) relacionadas con la actividad de FX Winning. Allí, la empresa llegó a disponer de oficina y personal comercial. Desde esas instalaciones se captaron inversores locales antes de que los primeros impagos detonaran reclamaciones administrativas.
Pese a la magnitud del fraude, la detención de Merino continúa pendiente. El atestado insinúa que su salida de España en 2021, coincidiendo con el despegue de la investigación, obedecería a un intento de dificultar futuras medidas cautelares. Fuentes judiciales consultadas resaltan que su entrega dependerá de la cooperación de los Emiratos, un proceso que suele alargarse. Mientras tanto, las víctimas aguardan avances que les permitan recuperar al menos una parte de sus ahorros.
Merino, concluye la UCO, representa el perfil de un nuevo tipo de estafador financiero: tecnológicamente preparado, con dominio de las criptodivisas y capacidad para articular sociedades pantalla a escala global. Su imputación formal representa un paso clave, pero todavía queda un camino complejo hasta que rinda cuentas ante la Justicia y los afectados puedan vislumbrar una compensación real.