La trama de la cripto estafa Madeira Invest, en la que están implicadas más de 30.000 personas, suma un nuevo capítulo judicial. El juez ha decretado el embargo de bienes a Álvaro Romillo, cabecilla de la organización, para afrontar posibles responsabilidades civiles que podrían superar los 250 millones de euros. Desde Victifin, asociación que ya denunció públicamente a Madeira Invest en un artículo anterior titulado opiniones de MADEIRA INVEST, celebramos este avance judicial como una victoria para las miles de víctimas que llevan años reclamando justicia.
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El juez actúa: bienes embargados a los responsables
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, José Luis Calama, ha dictado una orden de embargo sobre una serie de bienes pertenecientes a Álvaro Romillo —también conocido en redes sociales como “CriptoSpain”— y varios miembros de su entorno familiar. Entre los afectados por la medida se encuentran su esposa, Mihaela Monteanu, y los hijos de esta.
El embargo atiende a una solicitud presentada por la Fiscalía el 11 de julio de 2024, que reclamaba bloquear bienes por un valor mínimo de 250 millones de euros. La medida incluye la prohibición de disponer de varios inmuebles, vehículos de alta gama y embarcaciones de lujo, muchas de ellas registradas en diferentes puntos del territorio nacional.
Entre los bienes intervenidos figuran tres embarcaciones valoradas en casi 9 millones de euros, así como propiedades inmobiliarias y plazas de garaje localizadas en ciudades como Granada, Madrid, Illescas (Toledo), El Espinar (Segovia) y Aller (Asturias).
Una estructura piramidal al estilo Ponzi
La investigación judicial se basa en múltiples denuncias presentadas por organizaciones de defensa del consumidor. Todas ellas coinciden en describir un sofisticado esquema de estafa piramidal basado en el llamado método Ponzi.
El fraude se sustentaba en la falsa promesa de inversiones rentables en criptomonedas. Sin embargo, en lugar de generar beneficios reales, la organización utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar supuestos rendimientos a los anteriores, sin realizar operaciones financieras legítimas.
Un informe de 1.047 páginas elaborado por la Guardia Civil, con fecha 5 de junio, estima el alcance del fraude en más de 260 millones de euros, aunque otras fuentes legales ya apuntan a cifras superiores a los 300 millones. Además, se estima que hay alrededor de 30.000 afectados, entre los que se encuentran pequeños ahorradores, jubilados, jóvenes inversores y familias enteras.
Implicaciones fiscales y conexiones políticas
El pasado 2 de junio, el juez Calama también solicitó a la Agencia Tributaria un informe para determinar si los responsables de Madeira Invest han incurrido en delitos fiscales, dado que podrían haberse producido cuotas tributarias defraudadas de gran volumen.
Uno de los elementos que más indignación ha causado entre los afectados es la supuesta entrega de 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, una acción que ha generado controversia en redes sociales y entre la opinión pública. Desde Victifin reiteramos la necesidad de que se investiguen a fondo todas las posibles ramificaciones políticas y financieras de este caso.
Romillo, presentándose como un “experto en elusión fiscal”, atrajo a miles de personas bajo la promesa de beneficios asegurados y ventajas fiscales, elementos que hoy se revelan como parte de una estrategia de captación fraudulenta y deliberadamente engañosa.
Desde Victifin: seguimos luchando por las víctimas
En Victifin, asociación legalmente constituida y especializada en la defensa de víctimas de estafas financieras, seguimos de cerca todos los avances judiciales relacionados con la cripto estafa Madeira Invest. Ya publicamos anteriormente un artículo con las opiniones de MADEIRA INVEST, donde advertíamos de su estructura opaca, su falta de transparencia y la ausencia de garantías legales para los inversores.
Ahora, con este paso del juez, se empieza a abrir un camino hacia la reparación del daño económico y el reconocimiento del sufrimiento de miles de familias afectadas.
Animamos a todas las víctimas que aún no han reclamado, o que no han recibido asesoramiento jurídico adecuado, a que contacten con Victifin para conocer sus derechos y explorar vías legales de recuperación.
