95 países firman la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia: el fraude digital ya no puede combatirse país por país
Las estafas digitales llevan años funcionando sin respetar fronteras.
Una víctima puede encontrarse en España.
El anuncio que la captó puede aparecer en una red social gestionada desde otro país.
Los supuestos asesores pueden contactar desde números españoles mientras operan físicamente desde otro continente.
El dinero puede viajar a una cuenta bancaria en Portugal, Italia o Lituania, convertirse posteriormente en criptomonedas y terminar atravesando diferentes wallets.
Y quienes dirigen la estructura pueden encontrarse a miles de kilómetros.
Precisamente por eso resulta especialmente importante la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.
A finales de septiembre de 2026, el tratado había alcanzado ya 95 signatarios, según el registro oficial del depositario de Naciones Unidas. Tratados de la ONU
Estamos ante un intento de crear un marco verdaderamente global para combatir delitos que hace tiempo dejaron de ser nacionales.
España está entre los países firmantes
España firmó la Convención el 25 de octubre de 2025, durante la apertura a la firma celebrada en Hanói.
También aparecen entre los signatarios numerosos países europeos y Estados como China, Brasil, Australia, Canadá y Reino Unido, además de la propia Unión Europea. Tratados de la ONU
La incorporación de nuevos países ha continuado durante 2026.
Por ejemplo, India y Kuwait firmaron el 25 de septiembre; Noruega y San Marino lo hicieron también en esas fechas, mientras Albania, Botsuana, Gabón y Timor-Leste se incorporaron durante los días anteriores. Tratados de la ONU
El resultado es un tratado con una dimensión internacional difícil de ignorar.
Pero firmar no significa que el tratado ya esté funcionando
Esta diferencia es fundamental.
Una cosa es firmar una Convención.
Otra es ratificarla.
Y otra diferente es que finalmente entre en vigor.
A finales de septiembre, Naciones Unidas registraba:
95 signatarios, pero únicamente 3 partes.
Los tres Estados que ya habían completado la ratificación eran Catar, Azerbaiyán y Vietnam. Tratados de la ONU
Por tanto, todavía queda camino.
Hacen falta 40 ratificaciones
La Convención establece que entrará en vigor 90 días después de que se deposite el instrumento número 40 de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Con tres Estados en ese punto, todavía no se ha alcanzado el umbral.
Por eso sería incorrecto presentar la Convención como una normativa internacional que ya está plenamente operativa.
Todavía no lo está. Tratados de la ONU
Pero políticamente el dato de los 95 signatarios demuestra el enorme alcance que está adquiriendo.
Una Convención nacida para un problema global
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó formalmente la Convención el 24 de diciembre de 2024, mediante la Resolución 79/243.
Posteriormente se abrió a la firma en Hanói los días 25 y 26 de octubre de 2025.
Desde entonces permanece abierta a nuevas firmas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York hasta el 31 de diciembre de 2026. Tratados de la ONU
Su propio nombre completo deja clara la dimensión del proyecto:
Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia; fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir determinados delitos cometidos mediante sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones y para compartir pruebas electrónicas de delitos graves.
La palabra fundamental es:
cooperación.
El problema que Victifin observa continuamente: la estafa está fragmentada entre países
Quien analiza actualmente una gran estafa de inversión descubre rápidamente el problema.
El delito no está necesariamente en un único lugar.
Puede estar dividido.
La víctima está en España.
La transferencia llega a otro Estado europeo.
El dominio está registrado mediante un proveedor de otro país.
El servidor se encuentra en otra jurisdicción.
El teléfono utiliza una numeración que no coincide con la ubicación física del estafador.
Las criptomonedas pasan por varios exchanges.
Y los operadores que hablan con la víctima pueden encontrarse en centros de fraude situados en Asia.
Investigar semejante estructura utilizando exclusivamente mecanismos nacionales es extraordinariamente complicado.
Las mafias digitales han entendido perfectamente las fronteras
Existe una paradoja.
Los delincuentes explotan un sistema globalizado mientras las investigaciones siguen dependiendo en buena medida de jurisdicciones nacionales.
Las organizaciones criminales pueden mover dinero, dominios, números telefónicos y activos digitales en minutos.
Una investigación judicial internacional puede necesitar procedimientos de cooperación que requieren muchísimo más tiempo.
Ese desfase beneficia al delincuente.
Por eso la cooperación internacional y el intercambio de evidencia electrónica constituyen una de las partes más importantes de la nueva Convención.
La evidencia electrónica se ha convertido en el escenario del delito
En una estafa financiera actual las principales pruebas pueden encontrarse completamente dispersas:
mensajes de WhatsApp y Telegram; registros de acceso; direcciones IP; cuentas bancarias; movimientos de criptomonedas; datos de exchanges; correos electrónicos; dominios; servidores; anuncios en redes sociales; números telefónicos; dispositivos y documentación digital.
Muchas veces la empresa que conserva una determinada prueba está en una jurisdicción diferente de aquella en la que vive la víctima.
La capacidad de obtener y conservar esa información rápidamente puede determinar que una investigación avance o termine en un callejón sin salida.
De WhatsApp a una cuenta extranjera y después a criptomonedas
Este recorrido resulta cada vez más reconocible.
Una persona descubre una supuesta oportunidad de inversión mediante publicidad o redes sociales.
Entra en contacto con un supuesto asesor.
Termina dentro de un grupo privado.
Descarga una plataforma o aplicación.
Realiza una primera transferencia.
Después aparecen nuevas oportunidades.
Cuando intenta retirar el dinero comienzan los problemas.
Impuestos.
Comisiones.
Seguros.
Verificaciones.
Fondos bloqueados.
Y para cuando denuncia, el dinero puede haber atravesado diferentes jurisdicciones.
La investigación deja entonces de ser exclusivamente española.
La Convención puede ser especialmente relevante frente al crimen organizado transnacional
Victifin lleva años insistiendo en que una parte importante del fraude digital que sufren los ciudadanos no puede analizarse únicamente como la actuación aislada de una persona detrás de un ordenador.
Existen estructuras organizadas capaces de combinar publicidad, ingeniería social, call centers, falsas plataformas de inversión, cuentas bancarias, mulas, criptomonedas y blanqueo.
Las investigaciones internacionales sobre centros de estafas en el sudeste asiático han mostrado además una realidad todavía más terrible: personas captadas mediante falsas ofertas laborales y posteriormente obligadas, bajo violencia o amenazas, a participar en operaciones de fraude.
La víctima puede estar en Madrid.
La estructura criminal puede estar en otro continente.
Precisamente ahí adquiere sentido un marco internacional.
No solamente hablamos de estafas
La Convención tiene un alcance mucho más amplio que el fraude financiero.
Establece un marco para combatir diferentes formas de ciberdelincuencia y facilitar la cooperación relacionada con evidencia electrónica.
Por eso su importancia excede completamente el ámbito de las inversiones fraudulentas.
Pero para Victifin existe una consecuencia especialmente relevante:
reconocer institucionalmente que determinados delitos digitales necesitan una respuesta internacional coordinada.
La gran prueba será convertir las firmas en resultados
Tener 95 signatarios constituye un avance diplomático importante.
Pero una víctima no recupera su dinero porque un Estado firme un tratado.
El éxito tendrá que medirse en otro terreno.
Rapidez para conservar pruebas.
Rapidez para identificar cuentas.
Rapidez para obtener información.
Rapidez para bloquear activos cuando jurídicamente corresponda.
Cooperación policial.
Cooperación judicial.
Y capacidad para seguir el dinero entre jurisdicciones.
Ese será el verdadero examen.
También existe un debate sobre privacidad y derechos fundamentales
La Convención no ha estado exenta de controversia.
Durante su elaboración se plantearon preocupaciones sobre el riesgo de que determinados mecanismos de cooperación o investigación pudieran utilizarse de manera incompatible con la privacidad y otros derechos fundamentales.
Ese debate tampoco debe minimizarse.
Combatir eficazmente el crimen digital y proteger los derechos fundamentales no deberían plantearse como objetivos incompatibles.
El desafío jurídico consiste precisamente en construir mecanismos eficaces de investigación acompañados de garantías suficientes.
Para Victifin hay una cuestión especialmente importante: seguir el dinero
En las estafas financieras internacionales, identificar al interlocutor de WhatsApp es solamente una parte del problema.
Hay que reconstruir la infraestructura.
¿Quién recibió la transferencia? ¿A qué cuenta llegó? ¿A dónde salió después? ¿Se convirtió en criptomonedas? ¿Qué exchange intervino? ¿Qué wallets recibieron los fondos? ¿Qué empresas contrataron la infraestructura? ¿Qué cuentas financiaron la publicidad que captó a las víctimas?
Cuando cada respuesta conduce a un país diferente, la cooperación internacional deja de ser una cuestión diplomática.
Se convierte en una necesidad investigadora.
95 firmas son importantes. Ahora hacen falta ratificaciones
La situación a finales de septiembre de 2026 puede resumirse con tres cifras:
95 signatarios.
3 Estados parte.
40 necesarios para activar la entrada en vigor.
La Convención todavía no ha entrado en vigor. Tratados de la ONU
Pero la cantidad de países que han decidido firmarla demuestra que la ciberdelincuencia se ha convertido definitivamente en un problema de dimensión global.
Y esa realidad coincide con lo que las víctimas llevan años experimentando.
Internet eliminó las fronteras para los delincuentes. Ahora la cooperación policial y judicial tendrá que intentar hacer lo mismo.
Para las víctimas de estafas digitales, la verdadera importancia de esta Convención no estará en las fotografías de las firmas ni en las declaraciones institucionales.
Estará en comprobar si, cuando el dinero de una víctima española atraviese cuatro países en unas horas, las autoridades pueden seguirlo con una velocidad parecida.
Ese será el verdadero cambio.
Registro oficial de la Convención de Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia
