Meta, TikTok y X desafían al regulador británico: ¿por qué las grandes plataformas se resisten a entregar información sobre cómo moderan sus servicios?
Las grandes plataformas tecnológicas vuelven a encontrarse frente a un regulador que quiere saber qué ocurre realmente dentro de sus sistemas.
Meta, TikTok y X están cuestionando el alcance de las solicitudes de información realizadas por Ofcom, el regulador británico encargado de aplicar buena parte del nuevo régimen establecido por la Online Safety Act de 2023.
Según la información publicada por Investing.com a partir de Reuters este 5 de octubre de 2026, las tres compañías consideran excesivas determinadas exigencias de información formuladas por el organismo británico.
El conflicto tiene una enorme importancia.
Porque detrás de una discusión aparentemente administrativa existe una pregunta mucho más profunda:
¿cuánta información puede exigir un regulador a las plataformas para comprobar si realmente están protegiendo a sus usuarios?
Para Victifin, esta cuestión resulta especialmente interesante en un momento en el que las grandes plataformas están sometidas a una creciente presión internacional por los contenidos ilegales, las suplantaciones y otras actividades perjudiciales que circulan a través de sus servicios.
Ofcom quiere datos, no solamente declaraciones
Según la información publicada, Ofcom remitió en febrero requerimientos solicitando a las empresas tecnológicas información detallada sobre sus sistemas de moderación.
Entre los datos solicitados figuraban cifras relacionadas con:
publicaciones eliminadas, contenido cuya visibilidad había sido restringida y exposición de los usuarios a materiales perjudiciales.
Esta diferencia es fundamental.
Una plataforma puede explicar públicamente que dispone de políticas, inteligencia artificial, equipos especializados y sistemas destinados a combatir determinados contenidos.
Pero un regulador necesita algo diferente.
Necesita datos que permitan comprobar qué está ocurriendo realmente.
Cuánto contenido se detecta.
Cuánto se elimina.
Cuánto permanece visible.
Durante cuánto tiempo.
Y cuántos usuarios quedan potencialmente expuestos.
Meta considera que la petición es demasiado amplia
Según los documentos judiciales mencionados en la información publicada, Meta sostiene que Ofcom solicitó:
“información amplia y detallada”
sobre siete de sus servicios.
La compañía argumenta además que la solicitud no tendría un propósito regulatorio suficientemente definido.
Este punto constituye uno de los ejes del conflicto.
Meta no está cuestionando únicamente la cantidad de información solicitada.
Está cuestionando el alcance y la justificación del requerimiento.
X habla del requerimiento más gravoso recibido de un regulador
La posición de X es todavía más contundente.
Según una declaración testifical citada en la información, la compañía describió la petición como:
“el requerimiento de información más gravoso que X ha recibido de cualquier regulador en cualquier jurisdicción”.
La frase permite comprender la magnitud de los datos que Ofcom estaría intentando obtener.
TikTok también ha formulado objeciones y sostiene que el regulador no tuvo suficientemente en cuenta un sistema alternativo de supervisión que, según la compañía, incluye medidas específicas de protección.
Las tres plataformas, por tanto, cuestionan de diferentes maneras hasta dónde puede llegar Ofcom al exigir información interna.
¿Qué quiere conocer realmente Ofcom?
La información solicitada resulta especialmente reveladora porque no se limita a preguntar qué normas tienen las plataformas.
Ofcom quiere información sobre resultados.
Por ejemplo:
¿cuánto contenido fue eliminado?
¿cuánto fue degradado o perdió visibilidad?
¿qué exposición tuvieron los usuarios a determinados contenidos perjudiciales?
La diferencia entre política y resultado es enorme.
Una empresa puede disponer de una norma magníficamente redactada.
Pero si el contenido perjudicial permanece disponible y llega a millones de usuarios antes de ser eliminado, la existencia de esa política por sí sola no explica la eficacia real del sistema.
La Online Safety Act cambia las reglas
La disputa se produce en el contexto de la Online Safety Act de 2023, que introdujo un marco más exigente para determinados servicios digitales en Reino Unido.
Entre sus objetivos se encuentra aumentar la protección frente a contenidos ilegales y mejorar la seguridad de los menores.
Ofcom ha ido implementando progresivamente este régimen.
Y dispone de una herramienta especialmente poderosa:
sanciones que pueden alcanzar hasta el 10% de los ingresos globales de una empresa en determinados incumplimientos graves.
Para multinacionales tecnológicas con ingresos de decenas o centenares de miles de millones, un porcentaje de esta magnitud convierte la supervisión en algo económicamente relevante.
El conflicto plantea una cuestión que Victifin considera fundamental
Desde Victifin llevamos tiempo planteando una pregunta similar respecto a los anuncios fraudulentos de inversión y las suplantaciones que aparecen en las redes sociales.
No basta con saber cuántos anuncios se eliminan.
Hay que conocer también:
cuánto tiempo estuvieron activos antes de ser eliminados.
Porque un anuncio puede desaparecer finalmente y haber cumplido ya su función.
Puede haber alcanzado a miles de personas.
Puede haber generado registros.
Puede haber enviado usuarios a WhatsApp.
Y algunas de esas personas pueden haber realizado ya transferencias.
La retirada posterior no borra necesariamente la exposición previa.
El dato verdaderamente importante es la exposición
Imaginemos dos plataformas.
La primera detecta un anuncio fraudulento antes de publicarlo.
Ninguna persona lo ve.
La segunda permite su publicación, el anuncio permanece activo durante varios días, alcanza a miles de usuarios y finalmente es eliminado.
En ambos casos la empresa podría afirmar:
“El anuncio fue eliminado”.
Pero el resultado es radicalmente diferente.
Por eso los reguladores necesitan métricas que permitan analizar no solamente las retiradas, sino también la eficacia preventiva y la exposición previa a la retirada.
¿Cuánto tiempo permanece activo un contenido dañino?
Esta pregunta resulta especialmente importante para el fraude financiero.
Cuando se identifica un anuncio que suplanta a:
un banco;
un gestor de fondos;
un empresario;
un periodista;
un medio de comunicación;
o una institución financiera,
no basta con conocer la fecha en que fue retirado.
Necesitamos saber:
cuándo comenzó a mostrarse;
cuántas impresiones obtuvo;
cuántas personas hicieron clic;
cuántos formularios se completaron;
qué segmentación utilizó;
cuánto pagó el anunciante;
y qué medidas se adoptaron contra las cuentas relacionadas.
Sin estos datos resulta mucho más difícil medir el daño real.
Moderar después no es lo mismo que prevenir antes
Esta distinción es fundamental.
Las plataformas necesitan necesariamente sistemas reactivos porque ningún mecanismo preventivo será perfecto.
Pero cuando una empresa presenta la eliminación posterior como prueba de la eficacia de su sistema, aparece una pregunta inevitable:
¿por qué consiguió publicarse?
En publicidad existe además una diferencia importante respecto a una publicación ordinaria.
El anunciante paga a la plataforma para obtener distribución.
Por eso el debate sobre los controles publicitarios tiene características propias.
¿Qué controles existen antes de aceptar un anuncio?
En el ámbito de las falsas inversiones, esta es una de las cuestiones que Victifin considera esenciales.
Si una persona pretende pagar para anunciar:
“gana un 300%”;
“invierte 250 euros y consigue 15.000”;
“esta acción subirá un 200%”;
o utiliza sin autorización la imagen de una entidad financiera,
¿qué controles se realizan antes de que el sistema empiece a distribuir esa publicidad?
La pregunta no consiste únicamente en determinar si posteriormente alguien denunció el anuncio.
La cuestión es:
qué hizo la plataforma antes de cobrar y distribuirlo.
Meta se enfrenta a una presión regulatoria cada vez mayor
La disputa británica no debe interpretarse automáticamente como una prueba de incumplimiento por parte de Meta, TikTok o X.
Las empresas tienen derecho a discutir judicialmente si un requerimiento regulatorio es demasiado amplio, desproporcionado o carece de suficiente concreción.
Y serán los tribunales quienes determinen el alcance de las facultades correspondientes.
Pero el procedimiento demuestra algo importante:
los reguladores quieren cada vez más acceso a datos internos que permitan comprobar cómo funcionan realmente los sistemas de moderación.
Y eso puede tener consecuencias relevantes para futuros procedimientos relacionados con contenidos ilegales y perjudiciales.
Los datos internos pueden contar una historia diferente
Las declaraciones públicas permiten conocer lo que una empresa dice que hace.
Los datos internos permiten analizar qué resultado obtiene.
En materia de fraude, sería especialmente relevante disponer de información agregada sobre:
número de anuncios rechazados antes de publicarse;
anuncios fraudulentos detectados después de publicarse;
tiempo medio hasta su retirada;
impresiones generadas;
clics;
reincidencia de anunciantes;
cuentas vinculadas;
importe publicitario facturado;
y sistemas utilizados para detectar suplantaciones.
Este tipo de información permitiría evaluar con mucha mayor precisión la eficacia de las medidas.
La transparencia es particularmente importante cuando hablamos de sistemas automatizados
Las grandes plataformas operan a una escala que hace imprescindible utilizar sistemas automatizados.
La inteligencia artificial puede ayudar a detectar enormes cantidades de contenido.
Pero también aparece otra pregunta:
¿cómo sabemos si esos sistemas funcionan correctamente?
Precisamente ahí entra la supervisión.
No basta con que una compañía asegure disponer de sofisticados mecanismos tecnológicos.
Los reguladores necesitan poder evaluar sus resultados.
Una batalla regulatoria que merece seguirse
El procedimiento británico puede convertirse en una referencia importante.
Estamos ante uno de los primeros grandes enfrentamientos relacionados con la aplicación práctica de la Online Safety Act.
Por un lado se encuentra Ofcom intentando obtener información detallada para ejercer sus funciones.
Por otro, algunas de las mayores plataformas digitales del mundo sosteniendo que determinadas exigencias son excesivas.
El equilibrio entre supervisión regulatoria, proporcionalidad y confidencialidad empresarial será decidido dentro del marco jurídico británico.
Pero el debate tiene consecuencias que van mucho más allá del Reino Unido.
Victifin: frente al fraude necesitamos conocer qué ocurre antes y después de publicar un anuncio
Para las víctimas de estafas financieras existe una cuestión especialmente importante.
Cuando una plataforma afirma estar luchando contra el fraude, deberíamos poder diferenciar claramente entre:
prevención, detección y retirada.
Son tres momentos diferentes.
Prevenir significa impedir que el anuncio fraudulento llegue a publicarse.
Detectar significa identificarlo cuando ya existe.
Retirar significa eliminarlo una vez localizado.
Una empresa puede tener excelentes cifras de retirada y, al mismo tiempo, permitir que una cantidad relevante de contenido llegue previamente a los usuarios.
Por eso las métricas importan.
Conclusión: el verdadero debate es quién puede mirar dentro de los sistemas de las grandes plataformas
Meta, TikTok y X consideran excesivas determinadas solicitudes de información formuladas por Ofcom.
El regulador británico, mientras tanto, necesita información para aplicar un régimen que puede llegar a imponer sanciones de hasta el 10% de los ingresos globales en casos graves.
Estamos ante un conflicto jurídico que todavía debe resolverse.
Pero desde la perspectiva de las víctimas de fraude existe una enseñanza especialmente importante:
no basta con que una plataforma diga que elimina contenido perjudicial. Para evaluar realmente la eficacia de sus sistemas necesitamos conocer cuánto contenido consiguió publicarse, cuánto tiempo permaneció visible y cuántas personas estuvieron expuestas antes de su retirada.
En el caso de los anuncios fraudulentos, esas preguntas son todavía más importantes.
Porque cuando finalmente desaparece el anuncio, la víctima puede haber abandonado ya la plataforma, entrado en WhatsApp, hablado durante semanas con los estafadores y transferido sus ahorros.
Y entonces eliminar el anuncio puede llegar demasiado tarde.
