Histórica redada en Camboya: Más de 2.100 detenidos en ofensiva contra centros de cibercrimen y trata de personas
PHNOM PENH — En una operación a escala nacional sin precedentes, las autoridades de Camboya han detenido a 2.137 personas en el transcurso de tres semanas, en un intento por desmantelar los complejos y redes transnacionales de estafas cibernéticas que operan dentro de sus fronteras. Las redadas se producen en un momento de máxima presión internacional tras las graves acusaciones de organizaciones de derechos humanos sobre la presunta complicidad del Estado en estos delitos.
La ofensiva, que ha abarcado al menos 47 localidades, incluyendo la capital Phnom Penh y las provincias de Kandal y Stung Treng, revela la magnitud industrial de estos centros delictivos. En el primer semestre del año, el gobierno ya había reportado el arresto de otras 2.418 personas en operaciones similares.
Un entramado criminal multinacional
Los centros de estafa, que experimentaron un auge exponencial en el Sudeste Asiático durante la pandemia de COVID-19, funcionan como enclaves fortificados operados principalmente por mafias chinas y vietnamitas. Estas organizaciones generan miles de millones de dólares anuales mediante fraudes digitales a escala global.
Las recientes detenciones reflejan el carácter internacional tanto de los perpetradores como de las víctimas de explotación. Entre los capturados se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades:
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589 ciudadanos chinos
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429 ciudadanos vietnamitas
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271 ciudadanos indonesios
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70 ciudadanos bangladesíes
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57 ciudadanos surcoreanos
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42 ciudadanos pakistaníes
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Otros sospechosos procedentes de India, Filipinas, Tailandia, Laos, Nepal y Myanmar.
La actual represión se ha visto impulsada por un ultimátum del primer ministro camboyano, Hun Manet, quien emitió una directiva amenazando con despidos y traslados a los funcionarios estatales, policías y militares que no actúen con contundencia contra esta amenaza cibernética.
Denuncias de Amnistía Internacional: «Complicidad» y «Escala masiva»
Pese a las recientes acciones gubernamentales, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han emitido duras críticas. En un informe publicado en junio, tras una investigación de 18 meses, AI acusó al gobierno de Camboya de permitir que estas redes «prosperen» y de ignorar deliberadamente una «letanía de abusos contra los derechos humanos».
Según Montse Ferrer, directora regional adjunta de investigación para Asia de AI, las intervenciones previas del Estado han sido ineficaces y, en muchos casos, están vinculadas a la corrupción policial a un nivel sistémico. La organización ha identificado al menos 53 centros de estafa y docenas de sitios sospechosos en el país donde imperan la esclavitud, el trabajo infantil y la tortura.
El infierno de las víctimas: Trata, tortura y explotación
La ONU describe el Sudeste Asiático como la «zona cero» de una industria criminal que defrauda aproximadamente 40.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, el coste humano es aún más devastador. Miles de personas son atraídas mediante ofertas de empleo fraudulentas en redes sociales para terminar esclavizadas en recintos de los que es casi imposible escapar.
El testimonio de Louis, un joven tailandés de 18 años, ilustra el horror que se vive en el interior de estos complejos. Atraído a Camboya con la promesa de un trabajo bien remunerado, fue confinado y obligado a utilizar software de deepfake para perpetrar estafas románticas.
A los reclusos se les exigen cuotas exorbitantes —como estafar 30.000 dólares mensuales— bajo amenaza de violencia extrema. «Las reprimendas se intensificaron hasta llegar a palizas, descargas eléctricas y graves intimidaciones contra la vida», relató el joven, quien logró sobrevivir tras saltar desde la ventana de un octavo piso en un intento desesperado por escapar. En estos recintos, organizaciones de derechos humanos han documentado la presencia y tortura de menores de hasta 13 años.






