El pasado lunes 14 de diciembre fueron detenidos 23 criminales de alto rango, dedicados al blanqueo de dinero para las mafias rusas mediante criptomonedas.
Durante la detención se incautaron armas de fuego, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas.
Se trató de la mayor investigación policial contra mafias del este de Europa realizada en los últimos 10 años.
La operación fue dirigida por la Fiscalía Especial Anticorrupción y Contra la Criminalidad Organizada y llevada a cabo de manera conjunta con la EUROPOL, que desplazó a un grupo de agentes españoles para llevar a cabo las “18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza”, que terminaron con el arresto de 23 miembros de la organización y sus máximos responsables.
Hasta los momentos las autoridades no han proporcionado información precisa sobre los montos que poseen dichas wallets.
Debido a la alta posición jerárquica de los investigados, se trata de la mayor investigación contra las mafias del este de Europa realizada en nuestro país en los últimos 10 años
La red desarticulada planeaba controlar sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado contando, para ello, con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos
La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, utilizándola como punto de entrada para el blanqueo de capitales de las organizaciones criminales procedentes de la extinta Unión Soviética, invirtiendo el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en todo el mundo en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española. Así mismo hacían uso de las ingentes cantidades económicas que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.
Concretamente, los investigadores detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen. En este sentido, llevaban a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados, involucrando el transporte en efectivo de grandes cantidades de dinero por el territorio nacional hacia y desde el extranjero, así como utilizando sociedades pantalla y testaferros.
Estas Organizaciones, cuyas actividades delictivas incluyen el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas, la trata de seres humanos y los raids empresariales, mantienen múltiples ramificaciones en toda Europa, extendiendo su actividad también a Sudamérica y los EE.UU. Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España en diversos negocios, principalmente en el ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de empresarios rusos vinculados tanto con los Ladrones en Ley como con los Sindicatos del Crimen rusos.
A lo largo de la investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se pudo constatar como la organización investigada no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía una pluralidad de delitos conexos y que estaba profundamente enraizada en la sociedad española. Para ello utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos.
Los investigados habían desplegado una potente red clientelar dentro de la Administración española, logrando una perfecta infiltración en las instituciones de nuestro país para llevar a cabo sus negocios con impunidad, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias, tanto para facilitar sus operaciones de blanqueo sorteando obstáculos legales y logrando una serie de favores administrativos, como para protegerse de investigaciones policiales y judiciales, facilitando asimismo la adquisición de la residencia española a todos los clientes de la red desmantelada. Para ello, uno de los principales investigados realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas para beneficio de la red criminal.
Debido a su capacidad de infiltración, la organización había conseguido introducirse en diversas instituciones públicas. Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias. El alto grado de enraizamiento en las Instituciones del estado proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial, que hubo de ser desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones.
Durante los siete años de investigación se ha podido acreditar como los lideres criminales contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, llevándose a cabo diversos proyectos de inversión, adquiriendo terrenos para desarrollar promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas, barcos, así como desarrollando y proyectando la compra de una de las principales discotecas de la isla de Ibiza con el claro propósito de estas organizaciones criminales de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en las islas baleares.
El pasado lunes, por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada con la autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, se llevó a cabo la explotación operativa. Se contó con la presencia de EUROPOL, quien desplazó agentes a España así como una Oficina móvil para dar soporte a la operación. Los agentes llevaron a cabo 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, consiguiendo arrestar a 23 miembros, entre ellos a los máximos responsables de la organización.
En los registros se intervinieron seis armas de fuego cortas, dos escopetas de combate, un fusil de asalto, un rifle de francotirador con silenciador y miles de cartuchos de distintos calibres. Además se intervinieron más de 300.000€ en efectivo, cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas, diamantes y 16 vehículos de lujo, y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas bancarias y activos patrimoniales por valor de millones de euros. Los agentes estiman que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados.
De acuerdo al informe oficial de la Policía Nacional, el éxito de la operación se debió a una ardua investigación, que catalogaron como “la mayor investigación contra las mafias del este de Europa” realizada en España durante los últimos 10 años, “debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados”.
Los criminales estaban bien posicionados dentro de la Administración pública española
La Policía Nacional señaló que los delincuentes ya habían logrado poner sus manos dentro de la Administración española, haciéndose pasar por empresarios filantrópicos para ganar la confianza de diversos trabajadores de las instituciones públicas, con el fin de obtener “favores administrativos” como la residencia española la cual ya todos poseían.
La red criminal estaba tan bien posicionada dentro de la Administración pública española que el comunicado dice que “mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública” .
Es decir, los criminales mantenían contacto estrecho con los funcionarios públicos haciendo más difícil la operación policial por el riesgo de posibles filtraciones de información.
Esta fue sin lugar a dudas una de las operaciones más grandes contra lavado de dinero de las mafias rusas realizadas en España y si bien hasta ahora no se conoce el monto total incautado, se puede presumir que era bastante grande por el tipo de lujos que se daban estos criminales, comprando propiedades, botes y discotecas (de entre las cuales querían hacerse con una de las principales de Ibiza apoderándose del sector del ocio nocturno).
