El modus operandi de Housers (ahora Crowpire): cómo funcionaba el modelo y por qué muchos inversores lo consideran una trampa

Housers no era un esquema piramidal clásico en el que el dinero de los nuevos inversores pagaba directamente a los antiguos. Era una plataforma de financiación participativa inmobiliaria autorizada por la CNMV. El problema, según los reportajes de elDiario.es, laSexta y las quejas de cientos de afectados, está en cómo se diseñó y ejecutó el modelo: se captaba dinero con promesas de alta rentabilidad, se diluía la responsabilidad de la plataforma y se generaba opacidad cuando los proyectos fallaban.

Cómo funcionaba el modelo sobre el papel

1. La plataforma publicitaba proyectos inmobiliarios (compra, reforma, construcción o alquiler) con rentabilidades objetivo del 10-15 % o más y plazos cortos (a veces 12-24 meses).
2. Los particulares invertían desde cantidades pequeñas.
3. Una vez financiado el proyecto, se constituía una sociedad o se formalizaba un préstamo al promotor.
4. Housers se presentaba como mero intermediario. El inversor asumía el riesgo: si el promotor quebraba o el proyecto se retrasaba, podía perder el capital.
5. Se nombraba un “administrador independiente” para gestionar el proyecto.

Este esquema está permitido por la ley de financiación participativa. El inversor está advertido de que puede perder todo el dinero. Patricia Suárez, de ASUFIN, lo resumió con claridad: “Si el promotor fracasa o quiebra, el inversor pierde su dinero”.

Dónde se rompía el modelo (el “modus” que denuncian los afectados)

Según las investigaciones periodísticas y los testimonios de inversores, varios elementos convertían el riesgo normal en una situación de alta opacidad y, para muchos, de abuso:

• Captación agresiva y expectativas infladas: Se insistía en rentabilidades altas y plazos cortos. Cuando los proyectos se retrasaban años, la información desaparecía o se volvía vaga.
• Entramado societario que diluía la responsabilidad: Los “administradores independientes” (como Atrium Lex) tenían vínculos con personas o sociedades relacionadas con Housers (domicilios compartidos en Madrid, cargos cruzados, compras de filiales). La plataforma se desvinculaba formalmente del proyecto una vez financiado, pero el control real o la falta de supervisión efectiva permanecía.
• Opacidad y reestructuraciones unilaterales: Muchos inversores denuncian años sin información clara, proyectos marcados como “sin incidencia” mientras estaban impagados, y reestructuraciones de deuda hechas sin una consulta real (solo formularios online donde no se veía la opinión de los demás).
• Comisiones opacas: Se cobraba alrededor del 10 % de comisión detraída automáticamente en las liquidaciones, a menudo sin factura nominativa clara con desglose de IVA, lo que dificultaba la deducción fiscal.
• Proyectos problemáticos y falta de due diligence aparente: Afectados sostienen que a la plataforma le interesaba sobre todo cobrar la comisión por cada proyecto financiado, independientemente de la solvencia real del promotor. Hubo casos vinculados a sociedades con problemas (incluyendo una investigada por blanqueo, aunque la causa se archivó).
• Cambio de nombre como lavado de imagen: En 2025-2026 la sociedad cambió de Housers Global Properties a Crowpire SL. La nueva dirección afirma que los problemas son de etapas anteriores y que ahora hay más transparencia. Los afectados responden que es “el mismo perro con distinto collar”: el dinero antiguo sigue atrapado.

Consecuencias y números

La plataforma captó entre 150 y 167 millones de euros. Una parte significativa (entre 57 y 66 millones según las fuentes) no ha sido devuelta o no está claramente justificada. Hay cientos de inversores con decenas de miles de euros bloqueados durante años. La CNMV sancionó a Housers con 215.000 € en 2019 por problemas de información, neutralidad y actividades no autorizadas. Un fundador (Antoni Brussola) fue condenado por administración desleal por desviar unos 55.000 € de sociedades de proyectos.

¿Es una “estafa” en sentido penal?

Hasta ahora no hay una condena penal por estafa contra la plataforma como tal. Hay sanciones administrativas, una condena por administración desleal a un antiguo fundador, múltiples quejas, demandas y denuncias de inversores, y una narrativa mediática fuerte de “pufo” o “estafa inmobiliaria”. El modelo legal permite la pérdida del capital, pero las prácticas de opacidad, conflictos de interés y falta de información son lo que ha generado el grueso de las denuncias.

La actual dirección de Crowpire sostiene que esas prácticas pertenecen al pasado y que su prioridad es recuperar las inversiones. Los afectados, y parte de la prensa, consideran que el daño ya está hecho y que el cambio de nombre no resuelve el dinero que sigue atrapado.

En resumen, el modus no era robar el dinero de forma directa y desaparecer, sino captar ahorro minorista con altas promesas, estructurar los proyectos de forma que la plataforma se desvinculaba formalmente de la responsabilidad, y gestionar con poca transparencia cuando las cosas se torcían. El resultado ha sido el mismo para muchos inversores: años de espera y capital perdido o congelado.

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