Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es baladí porque el montante del dinero denunciado supone unos 240 millones de euros, repartidos en un millar de personas, según cálculos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las acusaciones particulares afirman que la estafa llegaría a unos 300 millones de euros.
El auto que dispone esta responsabilidad civil fue dictado por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el pasado 17 de mayo.
El mismo auto judicial también aclara que la entidad Bankia “no tiene condición de investigada ni se ha dictado resolución alguna que acuerde dirigir el procedimiento contra la misma”.
La causa ha provocado que la actual Caixabank se encuentre en un grave problema, ya que aunque no está acusada sí es responsable civil subsidiaria. El problema surge porque Antonio Mas, investigado por esta macroestafa, habría usado una sucursal de Bankia en Barcelona, dirigida por Juan Fernández de Dios, empleado de la entidad bancaria, que también está investigado en la estafa.
El juez dispuso por tanto en un auto, para conocimiento de la entidad bancaria, “recordar que su posición procesal, por ahora, es la de responsable civil subsidiario”.
Gracias a esta disposición muchos de los inversores que confiaron en Antonio Mas, que rápidamente fue bautizado como el Madoff catalán, podrán recuperar parte de su dinero, aunque Mas declaró por iniciativa propia tras confesar ante los Mossos de´Esquadra que ya había devuelto 198 millones de euros de los 200 que según él ganó presuntamente gracias a una estafa piramidal.
La mecánica era la del tristemente famoso ‘método Ponzi’. Mas se presentaba como propietario de una empresa, Publiolimpia, una sociedad que ofrecía rentabilidades mínimas del 12% gracias a la venta de espacios publicitarios en televisión, algo prácticamente imposible de lograr por cuenta propia sin pertenecer a una central de medios.
La curiosidad es que los afectados son desde Borbones hasta cirujanos plásticos e incluso profesionales de la publicidad y el marketing que deberían conocer perfectamente el negocio de la inserción publicitaria y saber que no funciona como Antonio Mas prometía.
El Madoff catalán aseguraba que podía comprar y revender pequeños espacios publicitarios en los canales de Mediaset y Atresmedia y revenderlos después troceados a grandes anunciantes como Coca Cola, Repsol, Samsung o Movistar.
Daba igual el nombre de la empresa porque era mentira, todo era un presunto entramado ficticio por el que Antonio Mas recogía dinero de nuevos inversores y con él pagaba los intereses prometidos a los depositarios más antiguos. Así la pirámide se alimentaba de abajo hacia arriba, hasta que Antonio Mas decidió presentarse en una comisaría de los Mossos d´Esquadra y confesar la estafa a finales de 2015, aconsejado por su abogado y por el miedo a que dos sicarios le matasen por encargo, supuestamente, de dos acreedores, Pasqual Franquesa (hijo del juez Luis Pasqual) y su socio Carlos Campdelacreu. La Policía hizo un seguimiento a los ‘matones’ contratados que fueron detenidos.
La denuncia supuso un escándalo entre la alta sociedad catalana y también madrileña, donde se investiga a las empresas de la conocida familia San Martín, como captadora de inversores. De hecho, la sociedad Caná Cuatro Inversión y Gestión de esta misma familia consta en las actuaciones a la vez como denunciante contra Antonio Mas y Publiolimpia y denunciada por otros inversores particulares.
Caná Cuatro llegó a entregar a Antonio Mas hasta 2.925.000 euros de su propio capital. La sociedad de los San Martín habría captado a unos 300 particulares y 40 empresas. Cuando surgió el escándalo la familia reunió a varios de sus inversores en un hotel de Madrid y les prometieron devolverles su dinero aunque fuese a costa del patrimonio personal.
Todavía no está claro si los San Martín serán imputados o no. Una de sus sociedades, Monteprados, formó una UTE (Unión Temporal de Empresas) con la de Antonio Mas y fue bautizada como Monteolimpia (Monteprados Gestión y Publiolimpia) que funcionó hasta finales del año 2015.
El negocio se basaba en las relaciones personales entre inversores, el boca a boca, y la facilidad de obtener jugosos intereses de manera fácil. A mediados de aquel 2015 los San Martín constituyeron otra sociedad, la mercantil Caná Cuatro Gestión, para realizar estas operaciones en sustitución de Monteprados, y que también ha resultado querellada por algunos particulares.
El funcionamiento descrito en la querella, de uno de los particulares que perdieron su dinero consistía en que “el inversor ingresaba su dinero en una cuenta de Monteolimpia en Bankinter. De esta cuenta se transferían los fondos a otra cuenta de Publiolimpia, propiedad de Mas, en una sucursal de Bankia en Barcelona. Desde esta cuenta se hacían compras (ficticias) de espacios (publicitarios) con talones o transferencias con la doble firma de Antonio Más y Paloma San Martín o Julio San Martín».
La realidad es que los anunciantes nunca abonaban factura alguna, porque eran desconocedores de esta práctica y tampoco contrataban sus espacios publicitarios con la empresa del Madoff catalán, pero Antonio Mas aseguraba que lo hacían a esa misma cuenta de Bankia. A sus inversores también les decía que ese mismo director de Bankia garantizaba que no saldría dinero de esa cuenta mientras no se hubiera atendido a los «partícipes y sus beneficios», según consta en la querella. Por eso el director de esa entidad figura como investigado.
En 2017 tras entregarse Antonio Mas a los Mossos, por temor a aquellos presuntos sicarios, el negocio del Madoff catalán se desmoronó como una torre de naipes. La causa cayó primero en un juzgado catalán y posteriormente llegó a la Audiencia Nacional donde se instruye lentamente. El único dinero que se ha bloqueado hasta el momento está en dos cuentas de Mas, en una hay 860.000 euros y en otra 750.000. Él asegura no tener propiedades a su nombre.
