La Audiencia Nacional investiga la mayor estafa piramidal con criptomonedas, que podría llegar a 32.000 afectados y 100 millones perdidos
El magistrado asume la causa iniciada en un juzgado de Canarias al comprobar que hay perjudicados en más de 30 provincias
“Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda”. Son las palabras del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tras exponer las cifras sobre la estafa cuya investigación acaba de asumir: de momento, 1.127 afectados que podrían llegar a 32.000, y un perjuicio de más de 41 millones de euros que podría acabar superando los 100.
El magistrado instructor ha dictado este miércoles un auto en el que acepta la propuesta de un juzgado de Canarias de asumir la investigación del caso, dada la magnitud que estaba tomando. La resolución indica que los investigados, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.
El juez explica que a través de la mercantil Arbistar 2.0 SL , de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas”, los investigados habrían urdido una trama defraudadora en el mercado de las criptodivisas.
La trama prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pagándoles semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
“Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”
Este esquema no solamente servía para que los que habían invertido aportaran más dinero, “sino para atraer a nuevas personas” que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores. Para ello se ofertaba el llamado “plan amigo”, con el que si los clientes conseguían incluir nuevos clientes tendrían una compensación. De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial.
Finalmente, a partir del mes de agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.
El juez explica que “la cifra de perjudicados en la causa objeto de inhibición (1.127 ya determinados, pudiéndose alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista del número de cuentas afectadas), su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido (41.481.766,22 euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100 millones de euros)”. Unas cifras que “evidencian la competencia de la Audiencia Nacional sin ambages”.
La resolución explica el modus operando de la trama: Los inversores debían crear una cuenta Exchange (espacio virtual donde realizar acciones de compra y venta) y dar de alta un monedero electrónico (lugar virtual donde almacenar las criptodivisas y desde donde operar).
