La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.
La querella ha caído en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular provisional Santiago Pedraz.
Entre los afectados hay personas de todo tipo. Desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda e, incluso, jueces. Pero también empleadas domésticas, jubilados y parados. Y grandes fortunas. Hay que tener en cuenta que, desde que Biosca comenzó a operar, a mediados de 2019, daba un beneficio semanal del 20 o del 25 % del capital invertido, si bien, desde 2020, pasó al 8 o al 10 %. En cualquier caso, muy por encima de lo que cualquier banco da hoy.
Se ha solicitado la imposición de medidas cautelarísimas, empezando por la búsqueda, captura y detención de Biosca, en estos momentos en paradero desconocido, y que la Justicia ordene los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que establezcan la trazabilidad de 200 «wallets» o monederos de criptomonedas, para poder recuperar el dinero que se pueda.
La esencia del negocio montado por Biosca y su familia, según la querella, es la compra y venta, en tiempo real, de criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum o Litecoin.
Para ello, decía servirse de un programa que analizaba el mercado financiero, en tiempo real, consiguiendo un porcentaje de éxito de un 80 por ciento en dichas adquisiciones y ventas.
Los beneficios que conseguía producir estaban entre un 34 y un 38 % semanal. En los primeros tiempos, a los inversionistas les daba entre el 20 y el 25 % semanal y su familia y él se quedaban con el margen restante, entre el 9 y el 18 %.
En 2020, redujo el beneficio de los inversores desde ese 25-20 % al 10-8 % semanal.
Estos entregaban su dinero de cuatro formas diferentes: a través de transferencias bancarias a Biosca; de «wallets» –o monederos de criptomonedas–, desde las que se le transfería también ese valor; mediante la entrega de efectivo físico, o a terceros autorizados por el querellado; o, en especie, en diamantes, como ha ocurrido en un caso.
Cada semana Biosca contactaba con cada uno de los inversiones de forma personal a través de WhatsApp.
Enviaba un mensaje vía WhatsApp al número de teléfono de contacto facilitado por el cliente en el que decía cuánto era la inversión inicial, cuánto había obtenido esa semana como beneficio (que era una cantidad fija de acuerdo al contrato y sus acuerdos), y si esa renta o beneficio quería recuperarla o reinvertirla, total o parcialmente.
El cliente, al recibir el mensaje podía decidir recuperar las ganancias, en cuyo caso se le hacía una transferencia a la cuenta, o a la ‘wallet’, previamente facilitada por éste o reinvertirla, y sumarse a la cantidad inicial generando un sistema de interés compuesto.
Cada cliente efectuaba inversiones diferentes, con contratos y condiciones distintas, pero el mecanismo era el mismo en todos los aspectos. Unos recibían su retorno cada día de la semana acordado, según el comienzo del contrato.
El negocio empezó a ir muy bien, ya que si alguien invertía 1000 euros, y recuperaba cada semana 250 euros de ganancias, en un mes, había recuperado la inversión inicial, y seguía teniendo 1000 euros en ‘bitcoin’ para seguir generando beneficios (al interés inicial del 25 %). Si tenía en contrato garantizado el 10% de interés, en 10 semanas habría recuperado el capital invertido, e igualmente a partir de ese momento, con la misma inversión estaría recibiendo importante rentabilidad semanal.
De hecho, todo comenzó como un «negocio seguro» de Javier Biosca Rodríguez, que, desde 2010 hasta el verano de 2019, se ganaba el pan con TuSeoySem, una empresa dedicada al marketing «online» desde Fuensalida, una localidad toledana de 11.655 habitantes, a muy pocos kilómetros de la Comunidad de Madrid.
Biosca, según se desprende de la querella, era un autodidacta que se convirtió en un experto estudiando el asunto por su cuenta. De hecho, además del programa que utilizaba para comprar y vender criptomonedas, era un tanto rústico en su operativa.
En ese verano de 2019 comenzó con 19 clientes, todos conocidos de su entorno. Un año después el número de clientes se había multiplicado hasta un número que estaba entre los 300 y los 500.
Decidió dar el salto. A lo grande. Junto a su familia, se trasladó a Marbella, alquiló una mansión por 15.000 euros mensuales, pagando un año por adelantado.
En agosto montó, por todo lo alto, la «fiesta del bitcoin», con el objetivo de captar más clientes de más dinero. Se fue a la «Primera División».
Y contrató, para su seguridad, a 15 policías nacionales y municipales («a pesar de la incompatibilidad») para trasladar el dinero que le entregaban, porque el objetivo marcado lo cumplió con creces.
Terminó gestionando un fondo de más de 3.000 clientes, muchos de los cuales pusieron en sus manos varios millones de euros, dice el escrito.
Operativamente hablando, contrataba de forma personal o a través de su empresa, Algorithms Group, registrada en Londres –»una sociedad fantasma», y de otras tres empresas, una en Lituania, otra en Estonia y una tercera en Guinea Bissau.
El poder de convicción, y su capacidad de aparentar cercanía, accesibilidad y honradez, hacía embaucar a todo el mundo sin ningún tipo de escrúpulo ni consideración o lástima.
Siempre iba acompañado de su mujer, Paloma, y de su hijo, Sergio, así como de su, madre, María Paz y de sus sobrino de 6 años, del que decía que se encargaba de su educación y cuidados como tutor. Se reunían con los inversionistas, comiendo con las familias y teniendo un trato cercano y muy familia.
Sin embargo, a pesar del éxito, Biosca y su familia siguieron operando de forma manual. Comenzaron los errores en los pagos.
A unos les pagaban dos veces y a otros nada. Y los retrasos. Al haber aumentado exponencialmente su base de clientes, al igual que las cantidades, los bancos tradicionales pusieron trabas en los pagos.
No así en lo que a las transferencias a monederos de criptomonedas, como Wirex o Benext.
Para «arreglarlo» Biosca se propuso, nada menos, que comprar un banco real. Un banco de Guinea-Bissau. Previamente, en octubre y noviembre, lo intentó en España. Pero las cosas iban demasiado despacio.
Voló a ese país en diciembre.
En Guinea fue recibido con honores, se instaló en un hotel de cinco estrellas, y tenía reservadas dos suites de lujo, para él y las personas con las que viajaba. El Gobierno de Guinea le puso seguridad por el propio Ejército, parece ser, que, en algunos momentos por razones de seguridad de su persona y vida, según manifiestan las personas que viajaron con él allí.
Y es que este hombre había dejado de pagar a todo el mundo un mes antes. En noviembre.
Javier Biosca manifestaba que le estaban buscando por diferentes vías y algunos de ellos eran capaces de cobrar la deuda de forma extrajudicial y violenta. Estos grupos de grandes inversores (rumanos, chinos, colombianos…) que le habían entregado grandes sumas de dinero en efectivo y que él tenía invertido y que en ese momento le era muy difícil devolver.
Biosca jamás regresó a Marbella después de aquel viaje.
Sí lo hizo a Portugal, al menos en un par de ocasiones. A día de hoy no se sabe dónde está.
Se ha convertido en poco menos que «un fantasma».
Su familia, que abandonó la mansión, afirma que no sabe donde se encuentra. Algo que la representante de los querellados no se cree.
