Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión al cabecilla de un fraude que ronda los 16 millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad.
Esta persona se encontraba en libertad provisional tras ser detenida hace unos siete meses y su encarcelamiento se acordó el pasado lunes.
La decisión se produce apenas dos semanas después de otra comparecencia judicial con la Policía y el investigado para acceder al contenido de unos ordenadores y un teléfono móvil, operación que no se pudo realizar porque el acusado de la estafa alegó que no recordaba las claves de acceso.
Desde el entorno del investigado, niegan la estafa y vinculan la orden de prisión con la diligencia en la que no se pudo acceder a los ordenadores y a su teléfono móvil.
La Policía Nacional de Alicante le detuvo por estafar a decenas de inversores de varias provincias a los que prometía elevadas rentabilidades por las criptomonedas que le confiaron.
El auto del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante que acuerda prisión provisional sin fianza para Héctor C.P. recoge expresamente que la decisión de encarcelarlo no se adopta por «la no colaboración del investigado» en la diligencia para acceder a los ordenadores y el teléfono intervenidos por la Policía.
El número de perjudicados se sitúa actualmente en unos 140, según el último auto judicial. No obstante, la Policía estima que hay más perjudicados. El magistrado precisa también en el auto que está pendiente de determinarse el perjuicio exacto y que hay diversas contabilidades sobre la cantidad de bitcoins estafados.
Es una cifra muy elevada porque de acuerdo a los contratos aportados a la causa se trata de 280 bitcoins, 9,2 millones de euros al cambio actual. No obstante, en una querella presentada se hablaba de 495 bitcoins (16 millones de euros) y en informes policiales se llega a hablar de que el investigado manejó hasta 800 bitcoins (26,4 millones).
Los contratos más antiguos se remontan a 2018. Los inversores entregaron su dinero a «el asesor» para que lo invirtiera y tradeara con el fin de conseguir unos importantes beneficios mensuales. Sin embargo, el ahora encarcelado dejó «de pagar los beneficios comprometidos y de devolver las cantidades que hubieran sido entregadas», afirma el juez del caso. Esta persona llegó a realizar reintegros parciales con anterioridad y actualmente, precisa el auto, se ignora la ubicación de las criptomonedas entregadas por los inversores.
