Cuando la entidad fue adquirida por el Santander, su dinero se esfumó y tuvo que recurrir a comedores sociales para subsistir.
Gregorio Vázquez tiene 84 años y, a estas alturas, esperaba pocos milagros. Su situación económica se dio la vuelta en el año 2017 cuando perdió de golpe más de 730.000 euros, los ahorros de toda una vida, que había depositado en acciones del Banco Popular. Cuando la entidad fue adquirida por el Santander, su dinero se esfumó. Pasó de contar con un amplio patrimonio que le daba tranquilidad en la última etapa de su vida a perderlo todo. Durante los últimos años ha vivido de una pequeña ayuda económica de 200 euros y de la caridad de los comedores sociales.
Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de L’Hospitalet de Llobregat ha venido a demostrarle que sí, que los milagros a veces existen. La resolución detalla cómo este anciano fue invirtiendo en la compra de acciones en varias tandas.
Lo hizo, sin tener conocimientos económicos ni financieros específicos en la materia, únicamente a partir de la información facilitada por la propia entidad financiera y de la publicidad que Banco Popular ofrecía a la sociedad en general.
Ni en el momento de adquirir las acciones, ni durante los años posteriores, tuvo conocimiento alguno ni fue debidamente informado de que el banco atravesase por dificultades, o de que la situación financiera del mismo fuese negativa, ni mucho menos se le informó, ni pudo sospechar que las cuentas no reflejasen la imagen fiel de la entidad, o que no fuesen ciertas.
“Todo lo contrario, lo que se aparentó, por parte de la entidad financiera demandada, en todo momento, fue una situación de normalidad y de absoluta solvencia y fortaleza, que, ciertamente, y como después se ha visto, no se correspondía con la realidad”, indica la sentencia. Para la jueza, todo este engaño urdido se prolongó, hasta el día 7 de junio de 2017, en que estalló el escándalo, y se produjo la intervención del banco por el FROB y su adjudicación a Banco Santander por el precio simbólico de un euro, así como la amortización forzosa y pérdida total de su inversión (de 735.249,38 euros) para el demandante.
